El largo camino para acceder a la nueva renta de inclusión de Oltra

Retrasos en el cobro de la Renta Garantizada de Ciudadanía e incertidumbre sobre si tendrá derecho a percibir una ayuda recogida dentro de la nueva Ley de Renta de Inclusión. Este es el balance que hace un vecino de Xeraco sobre la política social de la Generalitat. El problema, según asegura este afectado es que no se trata de un caso aislado, sino que demuestra que el mecanismo para renovar estos subsidios se ha quedado atascado.

Las consecuencias de varios accidentes de tráfico han dejado a esta persona sin posibilidad de desarrollar su trabajo, tanto es así que se le inició un expediente de incapacidad permanente. Su situación le llevó a solicitar la Renta Garantizada de Ciudadanía. La última vez que renovó dicha ayuda fue el pasado mes de abril- aunque con efectos económicos a partir de febrero- y por un periodo de seis meses.

«Hasta entonces había cobrado de una manera regular, cada tres o cuatro meses, pero aquí comenzaron los problemas». Hasta septiembre no le ingresaron ninguna ayuda y a día de hoy todavía se le deben dos meses. «Sobrevivo gracias a mi familia. Debería hacer rehabilitación, pero si no tengo para mantenerme, ¿cómo voy a pagarme una piscina?».

Harto de esta situación recurrió a un abogado de oficio que le confirmó que llevaría su caso alegando que la Administración tenía responsabilidad en los atrasos y que podría reclamar los intereses. Sin embargo, pasado el verano le dijo que no había caso porque había muchos más afectados, «así se lo reconoció la trabajadora social».

Así, a día de hoy, este vecino de Xeraco sigue esperando a que le paguen los dos meses que le deben y a que le confirme si tendrá derecho a recibir una ayuda recogida en la Ley Valenciana de Inclusión. Asegura que ha presentado en varias ocasiones todo la documentación, pero que ya le han confirmado que esta resolución puede tardar hasta nueve meses. «Lo que más me molesta es que este Gobierno prometió que no habría retrasos y para mí, la situaciónha empeorado».

Una transición de nueve meses

Desde la Conselleria de Igualdad explican que la propia Ley de Renta Valenciana de Inclusión tiene un plazo de aplicación de nueve meses. Se trata de un periodo necesario para realizar el nuevo proceso de valoración. Defienden que es mucho más completo que el previsto en la anterior ley porque, entre otras razones, aglutina todas las ayudas públicas a la que una persona puede acceder. La vicepresidenta Mónica Oltra, defiende que esta ley avanza en la eliminación del «estigma de la pobreza».

Fuente;: La Razón

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