Encontronazo bilateral por el referéndum y los presos

La Generalitat y el Gobierno tomaron el pulso al conflicto territorial entre Cataluña y el resto de España en una comisión bilateral con aires históricos, la primera desde 2011, entonces con Convergència en la plaza Sant Jaume y el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa. Ayer, siete años después y tras el estallido de la mayor crisis en democracia a raíz del proceso independentista, el Govern y el Ejecutivo central se volvieron a sentar en la misma mesa y constataron el choque entre administraciones en cuestiones de calado como el referéndum o los presos.

La cita se saldó con posiciones completamente contrarias sobre la fórmula de encaje territorial y los dirigentes independentistas encarcelados, y con un tímido acercamiento en cuestiones sectoriales tras casi cuatro horas de reunión. En palabras de la propia ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, hubo «algunas discrepancias importantes» y «propuestas para avanzar en políticas que mejorarían la vida de los catalanes».

Satisfacción en Moncloa

En un comunicado, posterior, el Gobierno dijo estar «satisfecho» y señaló que «el resultado es que se pone en marcha un calendario que activará todas las comisiones y subcomisiones previstas en septiembre». Su objetivo ayer era poner en marcha el «diálogo».

«Tenemos conceptos de normalidad muy diferentes, en ningún momento se ha presentado ninguna propuesta real para Cataluña», cargó por su parte el consejero de Exteriores de la Generalitat, Ernest Maragall, quien quiso poner el acento en las «discrepancias obvias y profundas entre administraciones».

La reunión estuvo encabezada por la propia Batet junto a los secretarios de Estado de Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor; Hacienda, Inés María Bardón; Infraestructuras, Pedro Saura; y Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla; además de la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera. Por parte de la Generalitat estuvieron la consejera de Presidència, Elsa Artadi, acompañada de Maragall; el vicepresidente económico, Pere Aragonès; y el delegado de la Generalitat en Madrid, Ferran Mascarell, entre otros dirigentes.

Pese al acercamiento «institucional» tras la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno con los votos del PDeCAT y Esquerra, ayer se volvieron a poner sobre la mesa las enormes diferencias entre administraciones con dos focos de conflicto: el encaje territorial y la situación de los dirigentes independentistas presos. Sobre el primer aspecto, el Gobierno central estaría dispuesto a negociar un nuevo Estatut que sea refrendado en una consulta. Es decir, reforzar el autogobierno catalán con más competencias para tratar de frenar la hemorragia abierta en los últimos años, oferta que los independentistas no están dispuestos a aceptar.

Además, los socialistas rechazaron la constitución un grupo de trabajo a favor del derecho a la autodeterminación como pidieron ayer desde la Generalitat. «No existe el derecho a la autodeterminación», resumió Batet, quien prometió un «proyecto integrador para Cataluña». «Ganaremos a pesar de nos digan que de eso no se puede hablar», advirtió por el otro lado el titular de Exteriores, Ernest Maragall.

De hecho, la intención del independentismo es forzar al Estado a negociar un referéndum para los catalanes, algo que ayer volvió a quedar claro. Sin acuerdo en este punto, el Govern también insistió en hablar de los líderes independentistas encarcelados, otra línea roja que el Ejecutivo de Sánchez no está dispuesto a cruzar. «Nos hemos querido centrar en aquellas cuestiones que sí se pueden abordar desde ambos Ejecutivos», resumió Batet marcando la frontera del diálogo.

Hay que tener en cuenta que ahora la partida también se libra desde el Congreso: el PDeCAT, controlado por Carles Puigdemont, es partidario de boicotear cualquier iniciativa socialista en la Cámara Baja si no hay avances concretos sobre el derecho a la autodeterminación y los presos. Su objetivo es mantener el pulso hasta otoño e intentar forzar al PSOE para obtener una propuesta concreta en la segunda comisión bilateral. El as bajo la manga del Gobierno de Torra es hacer saltar por los aires el diálogo y convocar elecciones en Cataluña a partir del 27 de octubre.

El encontronazo entre administraciones sí se suavizó en temas de gestión ordinaria: la reunión en el Palau de la Generalitat sirvió para constatar la voluntad del Ejecutivo central de desbloquear las leyes sociales suspendidas por el Tribunal Constitucional. La propia Batet ha afrontado la cuestión y ayer aportó informes sobre cada una de ellas, muchas aprobadas con el apoyo del PSC.

Por ejemplo, el Gobierno es partidario de recuperar la ley de medidas urgentes para la emergencia habitacional y la pobreza energética, la de igualdad de género, la del cambio climático, la regulación del cannabis o la sanidad universal, entre otras.

Otro de los tímidos puntos de acercamiento es en materia de financiación y de transferencias competenciales. Ayer, ambas administraciones abordaron las inversiones pendientes en infraestructuras –el Corredor Mediterráneo, por ejemplo, que el PSOE está dispuesto a ejecutar–, transporte –especialmente en Cercanías– o la famosa disposición adicional tercera del Estatut, que el Govern cifra en 6.000 millones de euros.

Este acercamiento en temas de gestión diaria evidencia también las dos velocidades del movimiento independentista. Esquerra, con el vicepresidente económico Pere Aragonès a la cabeza, es partidaria de llegar a acuerdos económicos con el PSOE al margen de la gestión política, mientras que Junts per Catalunya busca reducirlo todo al conflicto territorial y a la batalla por un referéndum acordado. Es decir, Puigdemont prioriza el relato político y los republicanos tiran de pragmatismo sin olvidar a los independentistas presos.

A la comisión bilateral le seguirá la puesta en marcha de las comisiones previstas en el Estatut y las que se derivan de la cita de ayer.

Fuente: La Razón

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