La guerra del cava

La Conselleria de Agricultura vuelve a encontrarse en la misma tesitura que el año pasado por estas fechas, aunque con un Gobierno central de color político diferente. La ya conocida como guerra del cava vuelve a escena tras la propuesta del Ministerio de Agricultura de limitar también en 2019 las nuevas plantaciones, atendiendo a la petición de las bodegas catalanas y en contra, por tanto, de los intereses valencianos. El departamento que dirige Elena Cebrián se opondrá, de nuevo, al planteamiento del Ministerio, tal y como revelan las alegaciones de la Conselleria.

Desde la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ya se había insinuado que el Gobierno de Pedro Sánchez se dejaba arrastrar por el influyente sector del cava catalán por una cuestión política, sin tener en cuenta las razones objetivas de mercado que hacen de Requena, por ejemplo, una región con posibilidades de expansión. El secretario autonómico de Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero, descartó cuestiones políticas de este tipo, si bien rechazó la propuesta del Ministerio. Asumiendo, eso sí, que «es menos problemática que el año pasado», cuando la superficie se limitó por primera vez y pilló a todos descolocados.

En todo caso, las alegaciones de la Conselleria son claras en su oposición a las limitaciones. «No se entiende oportuna la restricción a 0,1 hectáreas» que se fija en 2019 para autorizaciones de nueva plantación en las zonas geográficas delimitadas por la Denominación de Origen Protegida (DOP) del cava. Los informes justificativos presentados por la DOP -dominada por el sector catalán, partidario de frenar el crecimiento para no devaluar en teoría el producto- no tienen «ni el alcance ni la profundidad necesarios para analizar las peculiaridades locales de un territorio tan diverso como el de esta DOP, y no aborda debidamente la potencial segmentación por calidades». La Conselleria, además, insiste en que «la misma opinión fue trasladada el pasado año 2017 y en el actual persisten las mismas debilidades no subsanadas». Las alegaciones, a las que ha tenido acceso este diario, cuestionan también el límite máximo de 377,06 hectáreas para autorizaciones de replantación en las zonas delimitadas por la DOP.

Por otro lado, se lamenta «el perjuicio social y medioambiental que se deriva de la pérdida sistemática de potencial vitícola en toda España y, en particular, en la Comunidad Valenciana». Por ello, para 2019 se insta a elevar hasta el 1% el porcentaje de nuevas plantaciones de la superficie plantada de viñedo en 2018.

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