Valencia pagará a los exediles que no trabajen por incompatibilidad hasta dos años después de dejar el acta

Los exconcejales tendrán derecho a una indemnización una vez hayan puesto fin a su mandato público

El Ayuntamiento de València prevé pagar dos años a los exconcejales del gobierno local si existe alguna incompatibilidad para ejercer un trabajo una vez hayan puesto fin a su mandato público y abandonado su acta municipal.

Así se contempla en el nuevo Reglamento Orgánico del Pleno, que como novedad también regula las comisiones de investigación, así como el debate del Estado de la Ciudad, y que está previsto que apruebe la comisión de Hacienda el próximo lunes, con la asistencia del alcalde, Joan Ribó, según ha informado Valencia Plaza.

El texto recogerá ahora que, en los dos años siguientes a dejar su cargo público, los concejales tendrán derecho a una indemnizaciónpero solo si han formado parte del gobierno (por lo que se descarta a la oposición) y solo si en ese periodo no pueden trabajar por el régimen de incompatibilidades ni cobran por otras actividades.


Fuentes municipales han explicado a EFE que no se trata de una modificación puntual del reglamento vigente sino de “una revisión a fondo” para adaptar el texto al régimen jurídico de administraciones públicas, del procedimiento administrativo, de transparencia y buen gobierno y de participación ciudadana.

El nuevo reglamento incorpora también otras novedades como la adaptación a la administración electrónica, la regulación de los derechos y deberes de los concejales y los grupos políticos, las funciones y atribuciones de la Junta de Portavoces, el estatuto del concejal no adscrito y la intervención de asociaciones cívicas.

Las redacción del nuevo texto se ha llevado a cabo desde la alcaldía junto con los habilitados correspondientes y “teniendo en cuenta las aportaciones de los distintos grupos, parte de las cuales se recogen”, según las fuentes.

Justificación clara

El portavoz del PP, Eusebio Monzó, ha explicado que su grupo ha presentado alegaciones a esta modificación para que la aplicación de la Ley reguladora del ejercicio del Alto Cargo de la Administración del Estado sea “transparente”.

El concejal del grupo popular, que ha visto aprobadas 21 de las 58 enmiendas que presentó, ha señalado que su intención es garantizar “que los concejales del Gobierno municipal, cuando dejen su cargo, no puedan cobrar los dos años por incompatibilidades si no hay una justificación muy clara“.

También han propuesto que si se quiere incorporar a una empresa vinculada con la actividad del área de gobierno en el que hubiera ejercido como concejal, “se cumpla estrictamente la normativa vigente y se acredite que no haya una relación con la responsabilidad política ejercida con anterioridad”.

El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, cuyo grupo ha presentado nueve enmiendas al texto, ha señalado a EFE que su formación “está a favor del concepto de las retribuciones pero con una objeción: solamente serían merecedores de esta compensación aquellos que hubiesen alcanzado un estatus profesional reconocidopreviamente a su ingreso en la administración”.

En cuanto a la regulación de las comisiones de investigación, el reglamento establece que serán no permanentes y “siempre deberán versar sobre cuestiones de interés municipal”, además de servir para “esclarecer actuaciones municipales de legalidad controvertida” y no sobre un periodo global de gobierno.

Se llevarán a cabo por acuerdo simple a propuesta de un grupo municipal o la alcaldía, acordará los intervinientes, su duración y la toma de conclusiones, y su composición seguirá el modelo de comisiones o considerando incluir a un representante por grupo municipal ponderando el voto para ajustarlo a la representatividad.

Respecto al debate del Estado de la Ciudad, determina que se celebrará en el tercer trimestre del año y regula las intervenciones y el orden de los grupos y la alcaldía, así como la admisión de propuestas por escrito.

El nuevo documento amplía de 3 a 5 minutos el tiempo de intervención de las asociaciones cívicas y ciudadanas durante el pleno.