Durante la campaña, Teresa Rodríguez ya señaló que «quitar a Susana Díaz del poder es una tentación, pero no para dárselo al PP». Más de un mes después de las elecciones andaluzas y todavía en el trance de ni haber hecho una autocrítica profunda, adheridos a una política «de dignidad» que les ha dejado fuera de la Mesa del Parlamento en la impostura de «rechazar» el ofrecimiento de Cs para equilibrar la entrada de Vox, en Adelante Andalucía se mostraron ayer «dispuestos a explorar la posibilidad de presentar un candidato o candidata alternativa que no sea la del tripartito reaccionario si las tres fuerzas de derechas no suman lo suficiente para una investidura». Los líderes de la coalición mantienen una enconada relación con la lideresa del PSOE-A, quien, por su parte, tampoco tiene ninguna simpatía, y no lo oculta, tanto por Teresa Rodríguez, de Podemos, como por Antonio Maíllo, de IU. Adelante Andalucía obtuvo el pasado 2-D 17 escaños y el PSOE-A, 33. Juntos suman 50, lejos aún de los 55 necesarios para una hipotética investidura, sin visos de abstención por parte de PP y Vox y la incierta posibilidad de un cambio de rumbo de Cs, con quien, por otra parte, en ningún caso pactaría Adelante (y viceversa).
Adelante emitió un comunicado, previo a las reclamaciones de Vox en su negociación con el PP, señalando expresamente que «en caso de alcanzar un acuerdo, daremos nuestro voto a fin de evitar que se conforme una agenda política reaccionaria, antisocial y antiandaluza marcada por Ciudadanos, Vox y PP, reiterando que Adelante Andalucía no va a conformar gobierno alguno».
La coalición de Podemos e IU comunicó «que la persona que se presente para la candidatura a la Presidencia tendrá que acordarse por consenso», lo que deja muy pocas opciones entre los diputados socialistas, más allá de la independiente Lina Gálvez. La formación de izquierdas, asimismo, reivindica que el PSOE tendría que «comprometerse a aceptar como programa de urgencia el inicio en el primer año de legislatura» medidas como «el blindaje por ley de fondos para políticas de igualdad con perspectiva de género con un 5% del presupuesto» o «el blindaje de los servicios públicos gestionados desde la autonomía y el autogobierno andaluz con mínimos de inversión del PIB: 5% en educación pública, 7% en sanidad pública y 2% en dependencia». Asimismo, reclama el «aprovechamiento al 100% de la infraestructura pública en educación y sanidad antes de cualquier concierto que recuperara su carácter subsidiario», la «subida del complemento autonómico a las pensiones no contributivas hasta alcanzar el Iprem», o «la internalización de los servicios privatizados y precarizados como los servicios de emergencia (061, 112, Salud Responde), monitoras de educación especial, ayuda a domicilio, subcontratas de educación, sanidad y dependencia y gestión directa de los comedores escolares». Podemos e IU también exigen la «protección de los sectores productivos andaluces frente a la “uberización” de la economía y las inversiones especulativas de fondos buitre sin base en la creación de empleo» y un «decreto de protección del sector del taxi frente a Uber y Cabify, del derecho a la vivienda frente a Airbnb, del sector turístico frente a Booking y otras, etc.». Además de la supresión de dietas y cargos, la coalición tira de clásicos como «la banca pública», la «ley de movilidad sostenible», «el blindaje de Doñana» o «el Banco de Tierras Públicas con las tierras improductivas para el fomento del empleo en el medio rural y la agricultura ecológica con valor añadido».
Fuente: La Razón