Diversos expertos en derecho mercantil, un magistrado del Tribunal Supremo y sindicalistas de UGT y CCOO pusieron de manifiesto la complejidad laboral y administrativa de no prorrogar la concesión del Hospital de La Ribera por parte de la Generalitat Valenciana.

En esa tesis coincidieron los ponentes de la jornada «Aspectos jurídicos y laborales del rescate o finalización de las concesiones administrativas», organizada por Ribera Salud: Nicolás González-Deleito, socio del Departamento Mercantil de Madrid de Cuatrecasas Gonçalves Pereira, Jordi Agustí, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, así como los sindicalistas Andrés Canovás, del CESM Comunitat, Javier Aznar, presidente de Satse-Valencia, Luis Lozano, de UGT-PV, Arturo León, de CCOO, Lourdes Ramírez de SAE Valencia, y Daniel Matoses el CSIF.

En este sentido, González-Deleito señaló que «si bien la administración tiene libertad para cambiar el modelo de gestión, la no prórroga de una concesión administrativa es muy difícil de justificar, ya que la jurisprudencia dice que esta decisión debe estar basada en un interés público».

Agustí subrayó la complejidad que supondría para la Administración mantener la antigüedad y el grado de carrera profesional de los trabajadores que asumiera tras la reversión del centro, y negó que los 2.000 profesionales laborales del de La Ribera vayan a pasar a ser trabajadores estatutarios fijos con la reversión del Hospital.

Por su parte, el consejero delegado del grupo Ribera Salud, Alberto de Rosa, destacó el importante papel que la empresa ha desarrollado en los últimos años para mejorar la atención sanitaria que se dispensa en la comarca de La Ribera. «La colaboración público-privada ha permitido invertir más de 140 millones de euros en La Ribera en los últimos 16 años, lo que significa la mayor inversión de la historia en una comarca de la Comunitat en la mejora de los servicios sanitarios, si exceptuamos el gran proyecto del Hospital La Fe».

Por su parte, Canovás aseguró que mantener las condiciones actuales para los trabajadores son inexcusables y «no vamos a aceptar unas condiciones peores que en el actual convenio»

Matoses, del CSIF, garantizó que «nos pronunciaremos cuando sepamos qué quiere hacer la Conselleria con las condiciones del personal, la calidad asistencial y el impacto económico para los ciudadanos».

Aznar y Ramírez especificaron que sus sindicatos trabajarán para que se garanticen los derechos laborales de los trabajadores y calidad asistencial.

El líder ugetista Luis Lozano reafirmó que el Hospital de Alzira presta un servicio público de calidad y mostró su convicción de que «todo el personal va a permanecer en su puesto».

Finalmente Arturo León aseguró que el modelo de concesión de Alzira es un modelo que ampara la ley.

Source: Comunitat Valenciana