Bolsonaro se enfrenta a su primera huelga general

Primer desafío en las calles para Jair Bolsonaro. Los sindicatos brasileños mantuvieron la convocatoria a una huelga general con protestas en todo el país para ayer contra la reforma de las jubilaciones del presidente pese a que el proyecto que llegó al Congreso tuvo recortadas algunas de sus aristas más polémicas.

Esas modificaciones “no cambian nada”, dijo a través de su asesoría de prensa el presidente de la Central Única de los Trabajadores (CUT), Vagner Freitas. “La CUT no concuerda con la narrativa de que las jubilaciones sean el principal problema económico de Brasil. El problema de Brasil es que no hay un proyecto de política económica”, indicó.

En las primeras horas de la mañana, la huelga general afectó al transporte en San Pablo y que hubo protestas y cortes de arterias durante la madrugada. Sin embargo Río de Janeiro operó normalmente el servicio por el momento.

Las principales centrales sindicales -CUT, UGT y Força Sindical-, así como gremios de estudiantes y profesores protagonizaron paros y marchas en más de cien ciudades de por lo menos 24 de los 27 estados del país.

Prácticamente todos los grandes sectores industriales se sumaron al movimiento, aunque queda por ver cuál será el grado de adhesión de los transportistas a lo largo del día después de que la justicia determinara la obligatoriedad del servicio en San Pablo, capital económica de Brasil. El paro se llevó a cabo después de dos grandes manifestaciones de estudiantes y profesores, el 15 y el 30 de mayo, contra los bloqueos presupuestarios en la educación. El movimiento se produjó además en el primer día de la Copa América, que se inauguró por la noche con el partido Brasil-Bolivia en el estadio paulista de Morumbí.

Jubilaciones, centro de la polémica

La reforma de las jubilaciones es una promesa de campaña con la que el presidente Jair Bolsonaro ganó el apoyo de los mercados durante su campaña electoral. El ministro de Economía, Paulo Guedes, la define como la llave maestra para reducir el déficit público. El proyecto inicial contemplaba un ahorro de casi 1,2 billones de reales en 10 años (más de 300.000 millones de dólares al cambio actual). Pero las medidas para conseguirlo son impopulares y generan resistencia entre los legisladores, que deben aprobarlo por una mayoría de tres quintos para que entre en vigor.

Con el fin de ablandar esas resistencia, el creador del proyecto retiró algunos de sus puntos más polémicos, como el que preveía transformar el régimen actual, de reparto, en una jubilación por capitalización individual. También dejó fuera del proyecto medidas que afectaban las pensiones para ancianos discapacitados indigentes y a los trabajadores rurales que gozan de beneficios aunque no hayan cotizado.

Para la oposición al presidente, esas modificaciones fueron resultado de la presión social. “Hemos conseguido proteger a los beneficiarios [de las pensiones para discapacitados], proteger a los trabajadores rurales. Es una gran victoria de la oposición contra la jubilación por capitalización”, declaró durante los debates el diputado Alessandro Molon, del Partido Socialista (PSB).

La homofobia, un crimen

El paro general ocurre un día después de que la Corte Suprema de Brasil decidiera que la homofobia es equivalente al racismo y por tanto debe tratarse en la ley como un delito penal similar, así como declaró “omiso” al Parlamento, que jamás ha legislado sobre el asunto.

La sentencia fue dictada en la sexta sesión que el Supremo le ha dedicado al asunto desde fines del año pasado y era esperada por los colectivos LGBTI+, que la consideraron “histórica” para un país en el que al menos una persona es asesinada cada día por los prejuicios que persisten sobre la orientación sexual.

En la sentencia se aclaró que será permitido a los practicantes de todas las religiones manifestar su oposición a las relaciones homosexuales, siempre y cuando sea “de acuerdo con sus libros y códigos sagrados” y no se incurra en la discriminación, que podrá ser castigada, como el racismo, con hasta cinco años de cárcel.

Fuente: La Razón

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