La constitución de la Fundación de Centro de Investigación del Conocimiento de la Administración Local (Cical) ha suscitado interés mediático por la presencia de uno de los hombres de máxima confianza del presidente Puig, José Manuel Orengo. Sin embargo, en Compromís ha abierto una grieta más profunda.
Iniciativa y parte del Bloc han aprovechado el revuelo organizado en torno a Orengo para poner contra las cuerdas al diputado provincial de Compromís, Emili Altur. El partido le planteó un ultimátum. O Cical o la Diputación de Valencia. Ayer Altur confirmó que renunciaba a su puesto en la Fundación. En declaraciones a Radio Valencia daba una de las claves: «Ha habido una caza de brujas».
Fuentes de la coalición apuntan a que lo que se ha intentado es desgastar a Altur para obtener argumentos para forzar su dimisión de la Diputación, de tal manera que pueda ocupar su lugar un miembro de los equipos de la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Maria Josep Amigó, y la secretaria general del Bloc, Águeda Micó.
A esta operación se ha sumado Ricard Gallego, jefe de Gabinete del presidente de la Diputación, quien estaría movido por un doble interés. Por una parte, la contienda dentro del socialismo valenciano contra Ximo Puig. «Cuestión un tanto baladí, ya que Orengo ha dado por finiquitada su vida política».
Por otra parte, Ricard Gallego, al colaborar en el enfrentamiento entre miembros de Compromís, ayuda al sector de Águeda Micó, que tiene como persona de máxima confianza a su hermana, Reis Gallego.
La presión ejercida a Altur desde Compromís se hizo pública durante la comparecencia del conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, tras la celebración del pleno de Consell. Como portavoz accidental, la vicepresidenta Oltra estaba de viaje oficial en Bruselas, dejó bien claro que a Compromís no le gustaba la Fundación y que había causado malestar en el partido.
Las fuentes consultadas por LA RAZÓN, también apuntan a que el malestar en Compromís se ha quedado en Emili Altur. Inciden en que si el problema fuera la Fundación el conseller de Educación, Vicent Marzà, también habría pedido a su secretario autonómico, Miquel Soler, que renunciase a ser patrono.
Además, la creación de este organismo no ha sido nunca un secreto. En mayo del pasado año Divalterra suscribió un acuerdo de colaboración con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) para el desarrollo de un «centro de investigación de conocimientos aplicados a la Administración local». Es decir, lo único que la diferencia de la polémica fundación es su acrónimo: Cical. El acuerdo lleva la firma del entonces gerente del PSPV, Víctor Sahuquillo y Agustina Brines, de Compromís.
Source: Comunitat Valenciana
