La patronal autonómica (Cierval) decidirá en breve qué medidas adoptar para defender legalmente y eximir de responsabilidad a sus consejeros tras la presentación del concurso de acreedores de una de sus componentes, la alicantina Coepa. El balance de la organización provincial repercutirá de forma negativa en la autonómica, que estudia incluso presentar su propio concurso de acreedores si así es necesario.
Lo que haga falta para que sus consejeros resulten indemnes de la mala gestión en la alicantina. Uno de los primeros pasos necesarios fue reclamar formalmente y por escrito las deudas que esta última, y también la castellonense, tienen contraídas con la matriz autonómica, responsable última de la situación económica de sus provinciales.
La experiencia vivida con la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) en la que el Banco de España multó a algunos de los consejeros, apelando incluso a su patrimonio personal, por la gestión que llevó a la entidad a incumplir los niveles de solvencia durante varios ejercicios seguidos, ha hecho saltar todas las alarmas. Los empresarios han exigido de inmediato que la responsabilidad y el patrimonio de los representantes en el Consejo de Cierval, que pertenecen a las tres provinciales, queden cubiertos ante posibles contingencias futuras.
Cabe recordar que, por el momento, las sanciones impuestas por el Banco de España a los empresarios presentes en el Consejo de Administración de la SGR han quedado paralizadas, pero podría repetirse la historia en Cierval.
Según las fuentes consultadas, está previsto que las cuentas de Cierval de 2015 estén cerradas en breve, posiblemente la próxima semana. Cuando se conozcan los resultados de ese balance y el efecto de la quiebra de una de sus provinciales, se decidirá qué medidas adoptar.
Coepa solicitó la semana pasada el concurso voluntario de acreedores ante la imposibilidad de hacer frente a sus deudas. Esta medida fue adoptada una vez finalizado el periodo de preconcurso que se inició en noviembre del año pasado. Entre las deudas que mantiene la patronal alicantina, destacan los 3,9 millones de euros que se adeudan al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), dependiente de la Generalitat valenciana por la construcción del centro ocupacional en el barrio de Babel de la ciudad.
Source: Comunitat Valenciana