Ciudadanos (C’s) dio ayer por roto el pacto alcanzado con el PP en la Diputación de Alicante que propició la investidura como presidente del popular César Sánchez. El motivo es el rechazo a su petición de quitar el cargo y sueldo a dos diputados imputados por temas administrativos.
El único diputado de C’s, Fernando Sepulcre, defendió en el pleno ordinario un ruego en el que pedía revocar los nombramientos del popular Bernabé Cano como diputado de Cooperación y del socialista Agustín Navarro como vicepresidente de la Comisión Especial de Cuentas, por creer que ambos casos generan alarma social.
En cualquier caso, la presentación de una moción de censura a Sánchez no está sobre la mesa. Ciudadanos tendría que aliarse con Compromís, una opción que está completamente descartada. Sepulcre seguirá en la oposición y votará, tal y como ha hecho hasta ahora, en función de su parecer.
El estallido de la «Operación Taula» ha sido definitivo para tomar esta decisión. Hace poco más de 15 días Sepulcre admitía que no se trataba de acusaciones por corrupción y, si bien mostraba su rechazo a estos nombramientos, no anunció la ruptura del pacto. Ahora, la situación ha cambiado y desde la dirección del partido se le ha instado a actuar de esta forma.
Sin embargo, el popular Sánchez argumentó que el pacto suscrito con C’s para su investidura establecía apartar a cualquier cargo por presuntos casos de corrupción o si se generaba alarma social, situaciones que cree que no se dan en los casos de Cano y Navarro, por lo que no ha accedido a la petición de Sepulcre.
Previamente, durante el pleno, uno de los imputados, el socialista Agustín Navarro, afirmó que su caso no crea ninguna alarma social en su municipio, Benidorm, y acusó a C’s de defender la Constitución y la legislación «sólo en la parte que les interesa».
Advirtió a Sepulcre de la peligrosidad de lo que está haciendo, que es juzgar y condenar obviando la presunción de inocencia, y le preguntó si los meses sin sueldo que solicitan se los pagarían, si resulta absuelto, él o su partido, aunque destacó, por encima de todo, el daño moral que esta situación conllevaría para él y su familia. Incidió en que las propuestas de C’s ayudan a que los políticos estén en el punto de mira y calificó de muy peligroso que los representantes políticos «juzguen por encima de la ley», algo que considera «la antesala de regímenes dictatoriales y autoritarios».
El portavoz de Compromís, Gerard Fullana, pidió «cautela» con todas las personas, aunque puso en duda el término «corrupción administrativa».
Source: Comunitat Valenciana