La anunciada intención del Gobierno de trasladar a la Fiscalía el polémico tuit del PP en el que un humorista bromeaba sobre la muerte de Pedro Sánchez se produce en un momento en el que tanto el Tribunal Supremo (TS) como la Audiencia Nacional están suavizando la respuesta penal a los autores de este tipo de mensajes en las redes sociales juzgados por enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas. Un paso cambiado en la delimitación de los contornos del discurso del odio que se ha traducido en los últimos meses en la rebaja de condenas e, incluso, en absoluciones.

El pasado año, sin ir más lejos, el Tribunal Supremo absolvió en marzo a la tuitera Cassandra, que había sido condenada a un año de prisión por la Audiencia por sus comentarios jocosos en Twitter sobre el asesinato de Carrero Blanco. Y lo hizo argumentando que sus palabras, pese a ser reprochables «social e incluso moralmente en cuanto mofa de una grave tragedia humana» no merecían una condena penal. Para el tribunal, la tuitera murciana recurrió al «humor negro» para «cuestionar al personaje víctima del atentado, en una reacción muy propia de nuestro entorno social de criticar u hostigar sarcásticamente a cualquier personaje público en cuanto sale al paso cualquier contingencia que permita improvisar un chiste idóneo para ridiculizar o parodiar un defecto o desgracia personal».

Fuente: La Razón