El español Carlos García Juliá, uno de los condenados por la llamada matanza de los abogados de Atocha, ocurrida en 1977, fue detenido el miércoles en el estado brasileño de Sao Paulo por agentes de la Policía Federal, confirmaron hoy fuentes de la embajada de España en Brasil.
El español, que en la actualidad tiene 65 años, está bajo custodia de la Policía Federal, cuyo superintendente en Sao Paulo tiene previsto ofrecer una rueda de prensa el viernes junto con policías españoles que participaron en la operación para dar los detalles sobre la captura y sobre su posible extradición, dijo a Efe una fuente de la embajada.
Las autoridades españolas habían solicitado la extradición de García Juliá, que contaba con 24 años cuando perpetró los asesinatos de los cinco abogados de Atocha, y que fue condenado por la Audiencia Nacional a 193 años de prisión como autor material de cinco asesinatos, cuatro asesinatos frustrados y un delito de tenencia ilícita de armas.
García Juliá se fugó de España 14 años después del juicio, cuando se le concedió la libertad condicional, y fue detenido dos años más tarde por narcotráfico en Bolivia.
El director de la Fundación Abogados de Atocha, Francisco Naranjo, ha exigido que García Juliá cumpla en España lo que le queda de los 193 años de prisión y ha cuestionado el interés de las autoridades españolas en detenerle.
Naranjo ha reconocido que el juicio sobre la matanza de Atocha tuvo «sus luces y sus sombras», fue «ejemplar» en el sentido de «sentencia ejemplar» pero al mismo tiempo hubo «un juez muy cercano a los acusados, que les concedía muchos permisos».
Sobre el «escaso interés» de las autoridades españolas en detenerle, Naranjo ha recordado que Juliá era un delincuente y relacionado con las drogas. «No creo que fuera tan difícil de encontrar» ha precisado.
Naranjo ha insistido en que no está claro que se pueda reclamar que Juliá venga a España a cumplir su condena «y más con la situación política de Brasil» y por ello, «la acusación particular ya está investigando».
Cada año, el 24 de enero, la Fundación Abogados de Atocha recuerda en Madrid los cinco asesinatos con actos en la plaza de Anton Martín, donde una escultura, «El Abrazo», de Juan Genovés, rinde memoria a los abogados muertos y las víctimas del atentado.
Carlos García Juliá nació en Madrid en 1955. Hijo de un militar, intentó ingresar en la Academia General Militar de Zaragoza sin conseguirlo y cumplió su servicio militar como paracaidista en el Sáhara.
Desde muy joven estuvo vinculado a Fuerza Nueva y solía acompañar al líder de ultraderecha, Blas Piñar, en sus desplazamientos. Fue miembro de su servicio de seguridad y del de Raimundo Fernández Cuesta.
El 21 de octubre de 1979 participó junto con el también ultraderechista Luis Magaña, en un intento de fuga con el secuestro durante 12 horas del director de dicha cárcel, de su familia y de un funcionario.
Más tarde fue trasladado a la cárcel de Villanubla, Valladolid, y en diciembre de 1984, el titular del juzgado de vigilancia penitenciaria de Valladolid le concedió un permiso navideño. A las pocas horas de su permiso fue detenido en Madrid y trasladado a la cárcel de Carabanchel, al suspender la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la concesión del permiso.
El 23 de septiembre de 1991, fue puesto en libertad condicional, tras pasar catorce años en prisión, por haber tenido una conducta intachable.
Durante su estancia en la cárcel estudió Psicología, Dirección de Empresas e idiomas. Y una vez en libertad, montó la empresa de seguridad «García y Febrel Asociados», con su socio y amigo, Jaime Febrel y Simon.
El 29 de septiembre de 1992, pidió perdón públicamente a los familiares de las víctimas del caso Atocha.
Dos años más tarde el 1 de diciembre de 1994, el juez José Luis Castro autorizó a García Juliá a residir y trabajar en Asunción (Paraguay). Pero el 9 de diciembre, el fiscal de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid, Antonio del Hoyo, recurrió esa decisión del juez. Y el 25 de enero de 1995, el juez Castro le dio un plazo de un mes para que regresara y arreglara su situación después de haber anulado su decisión inicial de autorizarle a cumplir la libertad condicional en la capital paraguaya.
Sin embargo, según publicó la prensa, ya estaba en Asunción el 6 de septiembre de 1994, fecha en la que se presentó en la Embajada de España en Asunción, donde se inscribió como transeúnte, y envió una copia del contrato laboral a España.
Al parecer, el 12 de agosto había solicitado en la Audiencia Nacional su traslado por una oferta laboral, y a continuación se trasladó a Paraguay con un contrato de gerente de la naviera Traflumer.
El 16 de mayo de 1996, fue detenido junto a otros dos españoles por la policía antidroga de Bolivia.
Carlos Garcia Juliá, fue apresado cuando se encontraba en un hotel, en poder de un kilo de cocaína, 10.000 dólares, 3.000 pesetas y 80 francos. Posteriormente fue recluído en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz del Rosario, Bolivia, acusado de dirigir una banda de traficantes de cocaína entre Bolivia, Estados Unidos y Europa.
En 2001 la Audiencia Nacional, a petición de Izquierda Unida, solicitó la extradición de García Juliá. La Audiencia Nacional ha mantenido abierto la petición de arresto para García Juliá al objeto de que cumpla en España los más de 3.800 días (poco más de diez años) que tiene pendiente de prisión después de que se le revocara la concesión de libertad provisional.
El año pasado la Audiencia Nacional de España actualizó ante el Ministerio de Justicia la petición de extradición de García Juliá que había sido enviada al Gobierno de Bolivia, en donde se suponía que se escondía el prófugo.
Fuente: La Razón
