El Ayuntamiento de Valencia decide prescindir de los colaboradores que frenan a los gorrillas

Vuelven los gorrillas.
Foto de Juan J. Monzó

El PP critica la supresión del convenio y Bienestar Social afirma que no se producía ninguna intervención en favor de la reinserción
La supresión del convenio entre el Ayuntamiento e Instituciones Penitenciarias para emplear a condenados a trabajos en favor de la comunidad provocará la desaparición de los colaboradores que tenía la Policía Local y que situaba en las zonas de gorrillas para tratar de frenar su dominio.

El concejal del grupo popular Félix Crespo criticó el miércoles esta decisión del gobierno tripartito, defendida desde la concejalía de Bienestar Social al entender que «no se realizaba ninguna intervención social y por lo tanto no servían para nada».

El convenio hablaba de un tope de 300 personas colaborando con los servicios municipales, aunque lo más conocido eran los colaboradores de la Policía Local. Para Crespo se trata de «otro ejemplo más de sectarismo y de enfrentamiento político entre el tripartito».

Esto último lo justificó en base a una respuesta de la anterior responsable de Protección Ciudadana, Sandra Gómez, quien dijo que colaboraban con la Policía Local en «tareas de convivencia, limpieza urbana, circulación, contaminación y salud, incluso acompañando a discapacitados y personas mayores».

Pese a esa circunstancia, dijo, la delegación de Bienestar Social ha decidido no mantener el convenio. Fuentes de esta concejalía indicaron que en los primeros años abundaban los casos de condenados por delitos de tráfico, incluso el impago de multas. Eso, señalaron, había cambiado los últimos años en favor de perfiles más problemáticos, personas que era complicado buscarles acomodo. En la actualidad participaban en los programas municipales un centenar de colaboradores.

De cara al futuro, señalaron la voluntad de «hablar con el subdelegado del Gobierno para sacar adelante algún programa de intervención social de personas que hayan cumplido ya condena».

El edil Crespo explicó que en la contestación dada por Gómez hace dos años «se aludía a la baja conflictividad, inferior al 1%» entre estas personas en su relación con los ciudadanos, para recordar la medalla obtenida por la Policía Local al Mérito Social Penitenciario otorgada por el Ministerio del Interior por ser «pionera en su labor con los condenados que cumplen trabajos en beneficio de la comunidad».

Entre las funciones de estas personas «estaba también disuadir a los cientos de aparcacoches ilegales que invaden la ciudad», para subrayar que «debido a la permisividad de la concejala de Protección Ciudadana, las denuncias a los gorrillas en 2016 se redujeron un 200% sobre 2015.

El servicio ya ha sido desmantelado con el traslado del funcionario encargado a Educación. «No tenía sentido porque no había intervención social, simplemente estaban allí», reiteraron para mostrar la falta de acciones en favor de la reinserción de estas personas.

El presidente de la asociación de hosteleros del paseo de la Malvarrosa, José Miralles, lamentó la desaparición de los colaboradores, para comentar que «mejoran la imagen de la playa y es una pena que no sigan». El edil del PP manifestó por último que la «práctica totalidad de los barrios tiene a personas haciendo de aparcacoches de manera ilegal a cambio de una propina de los conductores».

 

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