Los hábitos deportivos en la ciudad o el cambio de nombre de calles, entre los 79 informes contratados en dos años de gobierno municipal
Un millón de euros en dos años. Es lo que ha gastado el Ayuntamiento de Valencia en los 24 primeros meses de gestión del gobierno de Joan Ribó en la contratación de estudios e informes a dedo, según la información a la que ha tenido acceso este periódico.
Si en los primeros 18 meses la cifra rondaba los 550.000 euros, el balance de los dos años de mandato del tripartito (Compromís, PSPV y València en Comú) eleva la cantidad hasta 1.032.944,37 euros, es decir, unos 43.000 euros mensuales por los 79 estudios contratados por el procedimiento del llamado contrato menor. Una fórmula legal con tramites burocráticos más sencillos pero orientada exclusivamente a cubrir necesidades concretas, puntuales y excepcionales de las administraciones.
Así, los contratos menores están pensados para importes inferiores a 18.000 euros (IVA excluido) en el caso de servicios o suministros o de 50.000 euros para obras. No podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga. Un informe de la Intervención General del Ayuntamiento ha alertado hasta en dos ocasiones del aumento de esta figura por parte del tripartito.
[wp_ad_camp_2]El grupo municipal preguntará en el pleno por la creación del registro de estudiosDesarrollo Económico, Medio Ambiente y Movilidad, las concejalías con mayor desembolso
Y es que en los últimos años su uso se ha extendido entre las administraciones públicas y se emplean para eludir los concursos públicos y asignar el contrato a empresas o profesionales afines. El propio alcalde, Joan Ribó, cuando era portavoz municipal de Compromís criticó el recurso a este mecanismo al considerar que se evitaba «un proceso competitivo de licitación».
Sin embargo, entre julio de 2015 y junio de 2017, el Consistorio ha desembolsado algo más de 34 millones mediante esta modalidad de contratación, es decir, unos 1,4 millones y 261 contratos cada mes (el total han sido 6.282 en dos años). Un importe en el que se incluye el millón de euros destinado a informes y estudios encargados por las distintas concejalías y que han elaborado tanto profesionales a título individual como empresas consultoras, centros de estudio o las universidades públicas.
Economía, en cabeza
Las tres áreas municipales que más han recurrido a los adjudicaciones a dedo son las de Desarrollo Económico (247.868 euros), Medio Ambiente (221.498 euros) y Desarrollo Humano (131.335 euros). Le siguen Movilidad (79.605 euros) y Participación (72.577 euros). Mientras, en el lado opuesto se sitúa el área de Protección Ciudadana, que únicamente ha encargado un informe sobre mejoras en la comunicación de la Policía Local.
Respecto a los concejales, es Consol Castillo quien encabeza la lista de ediles que mayor gasto han realizado en estudios a dedo, en total 177.433,16 euros con informes de asesoramiento sobre marjales, patrimonio rural o la incubadora de empresas agrícolas, en el caso de la concejalía de Agricultura y Pedanías, y auditorías sobre la gestión de los centros municipales de servicios sociales en este área.
Le sigue la portavoz socialista, Sandra Gómez, con 137.080,22 euros repartidos en Turismo, Formación y Empleo, Personas mayores o Información y Defensa de la Ciudadanía. Los dos concejales de València en Comú Roberto Jaramillo y Neus Fábregas (que asumieron algunas áreas de Jordi Peris) también figuran entre los que mayor volumen movieron, con más de 100.000 euros en sus respectivas áreas.
En el caso de María Oliver únicamente cuenta con un contrato mediante el procedimiento negociado sin publicidad (se presentan tres ofertas con importes entre 18.000 y 60.000 euros) para la elaboración del plan estratégico de vivienda por valor de 47.795 euros.
El listado de estudios a dedo incluye temas tan variados como analizar los hábitos deportivos en la ciudad, los cambios de nombre en el callejero, los daños de las mariposas, el cambio climático, la división territorial inframunicipal, dinamización de mercados, el bus turístico o un plan director de seguridad vial.
Ante la cantidad de contratos menores, el grupo municipal popular llevará al pleno del Ayuntamiento del próximo jueves una batería de preguntas para conocer por qué no se ha activado todavía el registro de estudios e informes a pesar de que se aprobó el pasado abril el reglamento correspondiente.
Así, la concejal Beatriz Simón también interrogará al tripartito por el acceso a los informes y estudios realizados ya que actualmente los grupos de la oposición sólo conocen el nombre y la cuantía del documento pero no su contenido. Eso a pesar de que en el pleno municipal de enero se aprobó habilitar un acceso a través del portal de transparencia del Ayuntamiento.