El Gobierno de Theresa May publicó ayer un nuevo documento en relación al Brexit -un texto de 44 páginas titulado «Legislación para el Acuerdo de Salida entre el Reino Unido y la Unión Europea». Se trata de una nota redactada en el departamento del Ejecutivo conservador que se encarga del Brexit para informar a los miembros de las dos casas del Parlamento sobre la nueva legislación que tendrá que ser aprobada por la rama legislativa para que entre en vigor en territorio británico el acuerdo de separación que actualmente se está negociando Bruselas. Está firmado por el nuevo ministro Dominic Raab, que fue el que se encargó de presentar el documento ayer en a Cámara de los Comunes.
A pesar de que la posición de el Reino Unido ha sido, desde el principio de las negociaciones, que cualquiera de los tratados sobre el Brexit -tanto el provisional como el definitivo- se aplicaría automáticamente a Gibraltar, Londres se ha ido apeando paulatinamente de esa posición de máximos gracias a la firmeza de la parte europea en defender la postura de España, es decir, que el estatus del Peñón debería ser negociado en un acuerdo aparte entre los gobierno español y británico. La confirmación definitiva de esta cesión británica viene consagrada en el documento publicado ayer, concretamente en párrafo 11 del primer capítulo (página 6) donde se especifica que «El acuerdo se aplicará a todo el Reino Unido y en la medida de lo posible a las dependencias de la Corona, Gibaltar y los territorios de ultramar de RR UU». Es precisamente la inclusión de la apostilla «en la medida de lo posible» lo que supone la aceptación por la parte británica de la necesidad de un acuerdo adicional entre Londres y Madrid, un acuerdo que lleva meses negociándose y que, previsiblemente, será hecho público en octubre si las negociaciones -heredadas ahora por el nuevo Ejecutivo de Sánchez y lideradas por el departamento que dirige ahora José Borrell- finalizan exitosamente.
Fue el Gobierno de Mariano Rajoy, siendo titular de Exteriores Alfonso Dastis, quien tomó la decisión de que la soberanía de Gibraltar no entrara en las negociaciones del acuerdo sobre el futuro estatus del Peñón. Es renuncia fue considerada por sectores de la opinión pública española como la perdida de una oportunidad histórica que difícilmente podrá repetirse en el futuro para hacer valer la reivindicaciones de España sobre la única parte de su territorio sobre la que no ejerce soberanía.
Fuente: La Razón