El pleno del Consell dio ayer luz verde a la denominación de València, con acento abierto en valenciano, como forma exclusiva del nombre de la capital del Turia. La decisión se adoptó después de que el Ayuntamiento de Valencia aprobara modificar el topónimo y dejarlo únicamente en su forma valenciana eliminando la castellana.
La oposición en el Consistorio, PP y C’s, se mostraron ayer absolutamente en contra de este cambio y aseguraron que el tripartito crea de este modo un enfrentamiento entre los valencianos. El concejal del PP Cristóbal Grau consideró «injustificado» el acuerdo y añadió que el proceso administrativo en el Ayuntamiento de Valencia se realizó «incorrectamente sin dar la posibilidad a los valencianos o entidades del prestigio cultural de los Rat Penat y la Real Academia de Cultura Valenciana se pronunciaran sobre este cambio».
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos (C’s) en el Consistorio, Fernando Giner, indicó que son los valencianos los que «tienen que decidir si quieren que el nombre de la ciudad en castellano se pierda».
Más funcionarios
Por otra parte, el Gobierno valenciano acordó reclamar al Gobierno central que en los Presupuestos Generales del Estado para 2017 elimine las tasas de reposición en la Administración pública que, según destacó Oltra, limitan el alcance de futuras ofertas de empleo público (OPE).
Asimismo, se aprobaron también los criterios comunes que deben regir las convocatorias para el acceso a la administración de la Generalitat referentes a las ofertas de empleo público de los años 2017, 2018 y 2019.
La reclamación de eliminar las tasas de reposición se enmarca dentro del acuerdo de legislatura firmado con las centrales sindicales en junio de 2016, ya que de mantenerse «la Generalitat no podría hacer frente a los tres graves problemas que aquejan a su administración».
Estos son las vacantes, el alto porcentaje de interinos y el elevado número de jubilaciones que se producirán en los próximos años, explicó, quien destacó, además, que la Comunitat Valenciana es la autonomía con menos empleados públicos por habitante.
Como alternativa subsidiaria, el acuerdo del Consell reclama «que las plazas incursas en procesos de consolidación no computen dentro de la tasa de reposición para poder ordenar los recursos humanos de las administraciones públicas».
Por otra parte, el Consell aprobó el decreto por el que se amplían las ayudas frente al copago de tratamientos farmacológicos a menores de edad, una medida dirigida a 404.000 niños y jóvenes y a la que se destinan ocho millones de euros.
En otro orden de cosas, Oltra criticó que Madrid «concentra muchas veces las inversiones» del Estado que «deberían ir también a la periferia» y recordó que «España no se acaba en la M-50». Oltra se pronunció así, tras el pleno del Consell, al ser preguntada por la inclusión de la conexión entre las estaciones madrileñas de Atocha y Chamartín dentro del proyecto del Corredor Mediterráneo, tal y como denunció el secretario autonómico de Vivienda, Josep Vicent Boira.
Source: Comunitat Valenciana