El Consell pide una reunión con Ábalos para que concrete su plan sobre la AP-7

«Esta es la única vía rápida que tenemos, si al final termina siendo una carretera secundaria más, nos faltará la rápida, ¿no? Hay que tener estudios serios», admitía ayer el ministro de Fomentos, José Luis Ábalos, en el Congreso de los Diputados. La respuesta no gustó al diputado de Compromís, Joan Baldoví, que le pidió que contestase con un «sí como un sol» a su pregunta.

Nada es «gratis total», argumentó el ministro y remarcó que no habrá otra prórroga de la concesión, pero que se deben estudiar las necesidades de tráfico, las conexiones que necesita la AP-7 y el coste de la conservación. Además, apuntó a que cualquier decisión debe tomarse en base a la disponibilidad presupuestaria.

En la Generalitat el hecho de que Ábalos no haya concretado el plan que tiene para la AP-7 cuando caduque la concesión, en diciembre de 2019, tampoco ha gustado demasiado y por ello, la consellera de Viviendas y Obras Públicas, la también socialista María José Salvador, exigió una reunión con el ministro para que aclare este asunto y de paso para que dé cuenta de la ejecución del plan de Cercanías, aprobado por su antecesor, el popular Íñigo de la Serna.

Desde organismos como la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana se ha insistido en que si se quiere eliminar el peaje se debe garantizar el coste de su conservación.

Según los cálculos realizados, Fomento deberá asignar a la Comunidad 152 millones para el «plan de choque» de conservación, 60 millones anuales para conservar la actual red estatal y otros 62 para conservar los 367 kilómetros de la heredada AP-7, de la que a día de hoy se encarga Aumar.

Sin embargo, Salvador insiste en que el objetivo es resolver «un problema que supone una discriminación a los valencianos respecto a otros territorios», ya que la Comunitat tiene una autopista sucesivamente prorrogada y unas carreteras nacionales, la N-340 y la N332, con serios problemas de congestión y de seguridad vial.

Peajes blandos y otras medidas

El hecho de que caduque la concesión de la AP-7 da la oportunidad a la Administración para renegociar las condiciones. Expertos como los contratistas de obra pública apuntan a que pueden aplicarse peajes blandos y reducidos para aquellos que usan la autopista de manera general. Además, afirman que se puede incluir en el nuevo contrato la exigencia a la concesionaria de que ejecute los enlaces necesarios para aumentar la conectividad de esta vía que cruza la Comunitat Valenciana.

Fuente;: La Razón

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