El Consell no tramitará las ocho enmiendas presentadas por el PP a los Presupuestos autonómicos de 2017 que reducen la cuantía de los ingresos en 1.325 millones de euros. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, explicó ayer que el Gobierno valenciano expresó su disconformidad con estas alegaciones puesto que «supondrían una disminución de los ingresos que pondrían en grave riesgo la prestación de los servicios públicos esenciales».
Además, asegura que el PP «no aporta justificación alguna para este cambio, ni ha planteado alternativa por la vía de los ingresos ni la necesaria y complementaria enmienda que concrete los efectos de la misma sobre el estado de los gastos, algo que se considera imprescindible para asegurar la estabilidad presupuestaria».
Oltra señaló que si se retira una previsión de ingresos se tiene que eliminar también de la partida de gastos, por lo que «el PP debería decirnos qué colegios y hospitales quiere que cerremos, o qué personas dependientes hemos de dejar sin ayudas».
Asimismo, la vicepresidenta lamentó que el PP «no quiera reivindicar una mejora de la financiación ante el Gobierno central, desdiciéndose así de los acuerdos alcanzados».
Tal como recoge el artículo 132.1 del Reglamento de Les Corts, que regula la presentación de enmiendas parciales al Proyecto de Ley de los Presupuestos, aquellas alegaciones que supongan una minoración de ingresos deben contar con la conformidad del Consell para su tramitación.
Por otra parte, en referencia al informe negativo al nuevo centro comercial Puerto Mediterráneo en Paterna, afirmó que «dar el sí hubiese sido prevaricar», dada la existencia de un informe negativo vinculante. Así respondía al ser preguntada por un informe del Ministerio de Fomento, aunque posteriormente desde la Conselleria de Obras Públicas también se informó en sentido contrario a la implantación del centro.
Preguntada por si el Consell va a recibir a los promotores de esta iniciativa, dada su intención de diseñar alternativas para que cuente con todos los permisos, Oltra apuntó que: «no hay solución de consenso, sino un proceso administrativo tasado por ley». «Hay un proceso administrativo que está cerrado, no puede seguir, se acabó».
Source: Comunitat Valenciana