El difícil retorno de las novias de la guerra santa

La Casa Blanca sostiene que Hoda Muthana, hija de un diplomático de Yemen que viajó a Siria para unirse al Daesh, no puede regresar a EE UU. Según sus abogados, la mujer conserva la ciudadanía y solo quiere responder ante la Justicia.

«La señora Hoda Muthana no es una ciudadana estadounidense y no será admitida en Estados Unidos». Con este comunicado zanjaba el secretario de Estado, Mike Pompeo, la petición cursada por Muthana, conocida propagandista del Estado Islámico, para regresar a su país de nacimiento. La joven, de 24 años, viajó a Turquía en 2014 con la intención de cruzar a Siria y unirse al Estado Islámico (EI). Hija de un diplomático yemení, nació en Alabama.

En declaraciones al diario «The New York Times», Charlie Swift, director del Centro de Derecho Constitucional para los Musulmanes en Estados Unidos, ha explicado que los hijos de diplomáticos nacidos en Estados Unidos de diplomáticos activos no obtienen la ciudadanía por derecho de nacimiento, pero en el caso de Muthana, que fue detenida por combatientes kurdos y permanece detenida por sus vínculos terroristas, no podría aplicarse la citada dado que nació «un mes después de que su padre fuera dado de alta de su cargo como diplomático de Naciones Unidas».

Ante las cámaras de la cadena CNN, Hasan Shibly, abogado de la familia, explicó que la muchacha «no pide regresar a casa como si no hubiera pasado nada». Antes al contrario, «lo que realmente está pidiendo es ser responsable ante el sistema legal de recibir el tipo de proceso al que cualquier ciudadano estadounidense tiene derecho». Pero en opinión de Pompeo, Muthana «no tiene ningún fundamento legal, ningún pasaporte válido de Estados Unidos, ningún derecho a un pasaporte, ni visa para viajar a Estados Unidos». En en su cuenta oficial de Twitter, Donald Trump escribió que había «ordenado al Secretario de Estado, Mike Pompeo, y él está de completamente de acuerdo, para que no permita que Hoda Muthana regrese al país».

Sorprendentemente el pasado fin de semana, el presidente Donald Trump había exhortado a «Reino Unido, Francia, Alemania y otros aliados europeos para que recuperen a más de 800 combatientes de Daesh que capturamos en Siria y los procesen». «El califato está listo para caer», añadió, pero si los países de Europa se niegan a repatriar a sus ciudadanos, «la alternativa no es buena, ya que nos veremos obligados a liberarlos».

Para Trump, y en previsión de que los posibles terroristas acaben en las calles de Europa, «es hora de que otros países se pongan en pie y hagan el trabajo» que hasta el momento «no han sido capaces de hacer». A través de las redes sociales la mujer dedicó los últimos años a escribir soflamas contra su país de origen y alabanzas del terrorismo yihadista. En no pocas ocasiones, habría animado al asesinato de ciudadanos estadounidenses y celebrado las bestiales acciones del Estado Islámico. Durante sus años en Siria contrajo matrimonio con tres militantes radicales y dió a luz a un niño.

En su declaración al «New York Times», lamenta sus palabras pasadas y confiesa que le resulta «muy difícil» articular «el dolor que haya causado a mi familia y mi país». Se defiende con menciones al lavado de cerebro al que habría sido sometida. La propaganda del Estado Islámico fue irresistible para una chica que tenía 18 años cuando engañó a sus padres para unirse al califato. Su caso llega al mismo tiempo que en Reino Unido arrecia el debate sobre Shamina Begum, a la que Londres ha revocado la ciudadanía. El abogado de Muthana enfatizó en su entrevista para la CNN que «destruyó su vida, su futuro, el futuro de su hijo y no solo quiere hablar en contra del Estado Islámico para que el mundo sepa lo malvado que es y lo grande que es América, sino que también quiere hablar para garantizar que puede ayudar a proteger a otras personas de ser víctimas de la manipulación». Todo lo que pide es «ser responsable ante nuestro sistema legal y pagar la deuda que tiene con la sociedad», al tiempo que asume que sus acciones podrían reportarle «varias décadas de cárcel».

Fuente: La Razón

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