El Gobierno quiere obligar a las empresas a tener jefas

El Gobierno está dispuesto a llevar por la vía urgente su proposición de Ley de igualdad laboral, registrada en febrero en el Congreso cuando el PSOE estaba en la oposición, para obligar a las empresas a «compartir y repartir el poder de decisión con las mujeres» de dichas empresas.

Así lo ha asegurado este martes 2 de octubre la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, durante el Forbes Summit Women, que ha inaugurado en Madrid.

Según indica Calvo, en España hay una ley de este tipo que «invita pero no obliga» a las empresas a exigir la presencia femenina en los lugares de poder y liderazgo.

Además, ha recordado que este mismo lunes el Estado de California (Estados Unidos) tomó la decisión de exigir por ley la presencia de mujeres en los puestos de dirección, «siguiendo la estela de algunos países europeos».

En el caso de España, Calvo ha señalado que, una vez aprobada esta ley, se pretende dar un periodo transitorio a las empresas para que se adapten a esta obligación.

En general, esta proposición de Ley –que según Calvo empezará «pronto» a tramitarse–, está dirigida a «afrontar de manera global todos los problemas de discriminación laboral de las mujeres», como es el acceso al trabajo, la compatibilidad de la maternidad y el empleo o la corresponsabilidad de la vida personal y laboral, así como para resolver el «problema» de la brecha salarial.

«Esto no puede ser un asunto de debate, tiene que serlo de hechos y, por tanto, de soluciones normales en una sociedad democrática donde las mujeres trabajadoras necesitamos que las respuestas justas sean eficientes», ha dicho.

La vicepresidenta del Gobierno justifica esta proposición de ley en que «la autorregulación funciona regular» en el caso de «ceder espacios de poder de influencia y de protagonismo por las buenas», por lo que recalca la importancia de transformar las aspiraciones de la sociedad «en norma de obligado cumplimiento».

Fuente: La Razón

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