El Gobierno de Pedro Sánchez sigue haciendo guiños al independentismo. La necesidad de apoyos en el Congreso, en el que cuenta con tan solo 84 diputados, está provocando que se sigan estrechando lazos con los partidos independentistas. La delegada del gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, afirmó ayer que es «partidaria» de conceder un indulto a los dirigentes independentistas que serán juzgados por el Tribunal Supremo después de la sentencia y si estos lo piden». Poco después, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, salió al paso para decir que «no ha lugar» a hablar de posibles indultos cuando aún si siquiera se han celebrado los juicios por el ‘procés’.
De inmediato, los partidos de la oposición se echaron encima del Ejecutivo de Sánches, que se vio obligado a pedirle a Cunillera que rectificara. Así, la delegada del Gobierno emitió un comunicado en el que dijo que se habían sacado de contexto sus palabras y que respeta «la independencia judicial y la separación de poderes». «Cualquier especulación sobre lo que tenga que suceder después de la sentencia es prematura», indicó.
Pero queda claro que las manifestaciones de Cunillera no han sido un error. En el PSOE hay un debate interno, en el que existe una corriente amplia que considera que hay que intentar abrir la mano con los presos independentistas.
De hecho, un día después de las polémicas palabras de Cunillera, la vicepresidenta Carmen Calvo ha insistido en esta idea. En una entrevista concedida a «La Vanguardia», Calvo señaló que si se retrasa «mucho» el juicio contra los políticos independentistas presos no sería lógico «alargar demasiado» una situación de prisión preventiva. «Parecería razonable que pudieran estar en otras condiciones», subraya.
Calvo ha apostado por «tomar otras medidas» si se «alarga mucho» la vista oral. «Se lo podría plantear el juez, sería razonable», ha precisado.
En este sentido, ha defendido que, ante esta situación, «parecería razonable» que pudieran estar en otras condiciones. «Evidentemente no en libertad, porque están siendo parte importante de un procedimiento, pero que tuvieran otras medidas distintas. La prisión preventiva está para lo que está», ha explicado.
Para la vicepresidenta del Gobierno, «parecería lógico» que el juez, en el ámbito de sus competencias y con «total independencia, sin presión de nadie, pudiera decidir que estuvieran en otras condiciones». «Las medidas las decide un juez, no le voy a decir lo que tiene que hacer, faltaría más», ha dicho.
Respecto a los insultos que algunos jueces, en el chat de la magistratura, vertieron contra los independentistas catalanes, Calvo ha apuntado que la independencia judicial «consiste en la imparcialidad que digan en sus pronunciamientos jurídicos». «Por lo demás, sobra mucho ruido para reconducir esta crisis», ha sentenciado.
Por otro lado, la vicepresidenta del Ejecutivo ha asegurado que no habrá elecciones en febrero porque habrá Presupuestos pero «con otra senda distinta, con una mejora que no estará en torno a 6.000 millones, sino a 1.000». «No vinculamos tener Presupuestos con la convocatoria de elecciones. No tenemos ninguna prisa en convocar elecciones», ha dicho.
Fuente: La Razón