Una vez más el presidente del Gobierno ha hecho suyo el refrán «Dónde dije digo, digo Diego». Acuciado por la necesidad de sacar adelante los Presupuestos, la apertura de juicio oral a los líderes del «procés» ha vuelto a colocar a Sánchez frente a sus contradicciones.

La tramitación y posterior aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) transitan por una senda paralela a la causa del «procés» que instruye el Tribunal Supremo. El Gobierno necesita irremediablemente los votos de los partidos soberanistas para sacar sus cuentas y estas formaciones no están dispuestas a cederlos gratuitamente. Ante este escenario, Pedro Sánchez y su vicepresidenta, Carmen Calvo, dejaban caer ayer que el delito de rebelión no es aplicable a los presos independentistas ahora mismo en prisión y a quienes se ha abierto juicio oral. Las afirmaciones de Sánchez y Calvo son muy relevantes porque se produce a pocos días de que la Abogacía del Estado envíe su escrito de acusación al Tribunal Supremo.

Fuente: La Razón