La defensa de la educación concertada ha sido una de las principales líneas de batalla del PP. Se puso en la cabeza de una manifestación que llenó las calles de Valencia y que logró dar un toque de atención a un Consell que defiende que los conciertos deben ser subsidiarios de la educación pública.

Hasta ahora la Lomce, la ley educativa aprobada por el PP en 2013, había blindado los intentos del Botànic de reducir aulas. Sin embargo, si la reforma anunciada por la ministra de Educación, Isabel Celaá, se lleva a cabo, los colegios dejarían de tener un argumento jurídico ante los tribunales.

La portavoz de Educación del PP, Beatriz Gascó, criticó ayer que eliminar de la Lomce el criterio de la demanda social en la educación concertada, que justifica la necesidad de estos centros siempre que haya solicitudes, impedirá que las unidades que la Justicia ha ido devolviendo se puedan reabrir.

La Conselleria de Eduación ha recurrido todas y cada una de las sentencias, que han ido ganando los centros y en los tribunales han rechazado la eliminación de aulas realizada en el conocido como arreglo escolar.

Gascó aseguró que el punto que Celaá quiere eliminar es fundamental para asegurar el derecho constitucional que tienen las familias para elegir el modelo de educación que quieren para sus hijos. «Es una maniobra de cobarde porque se apoya en mangarrufas para no respetar la voluntad de la ciudadanía y la libertad de las familias».

Por su parte, el presidente de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (Fcapa), Vicente Morro, remarcó que el anuncio de la ministra vulnera el derecho constitucional a la liberdad educativa y advirtió de que esta reforma tendrá movilización ciudadana y acciones legales.

Lamentó que la ministra siga mintiendo a las familias cuando dice que no está en contra de la educación concertada y también que asegure que está abierta al diálogo cuando este no se ha producido.

Por lo que respecta a los efectos que puede tener en las aulas suprimidas, dijo que el problema puede producirse en el próximo curso escolar ya que, con este cambio legal, los colegios tendrían un argumento legal menos para recurrir la supresión de aulas concertadas.

Fuente;: La Razón