El Grupo popular en el Senado quiere llevar a la Fiscalía la negativa a declarar de la ex empleada de la empresa Crespo Gomar SL, Lucía Pascual, después de que ésta se negara a responder a las preguntas de Luis Aznar, portavoz del PP en la Comisión de Investigación de la Financiación de los Partidos Políticos.
Gomar, asistió a la comisión de investigación acompañada por su abogado y se negó a responder a la batería de preguntas que le hizo el portavoz popular en la Comisión sobre las funciones y el funcionamiento de la empresa en la que habría trabajado más de una década. Ni siquiera accedió a responder a cuestiones como cuál es la ciudad en la que residen en la actualidad.
Aznar entiende que «comparecer supone declarar» y por eso pidió un informe a los letrados de la Cámara Alta para que clarifique qué repercusiones puede conllevar esa negativa a declarar. Coincide, según señalaron fuentes del Grupo Popular, que el Grupo Socialista pidió otro informe al respecto el pasado viernes a la mesa del Senado.
En este sentido, Aznar recordó que durante el resto de sesiones de dicha comisión, han respetado la voluntad de no declarar de las personas que estaban inmersas en procedimientos judiciales, pero consideró que el caso de Lucía Pascual no es ese puesto que no está encausada. «Al no declarar lo que hace es incriminarse», consideró el portavoz Aznar, informa Ep.
El PP ha pedido ya el informe a los letrados, que podría demorarse una semana, y sería aprobado por la Mesa y la junta de la comisión el lunes y, si les ampara en su razonamiento procederán de inmediato a enviar la negativa de esta persona a declarar a la Fiscalía o donde corresponda.
Los populares se basan en el artículo 502.1 del Código Penal que dice que podrán incurrir en penas la autoridad o funcionario que obstaculizare la investigación del Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas u órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas, «negándose o dilatando indebidamente el envío de los informes que éstos solicitaren o dificultando su acceso a los expedientes o documentación administrativa necesaria para tal investigación» así como el artículo 60.2 del reglamento del Senado que deriva al artículo 76.2 de la Constitución donde destaca que será de obligado cumplimiento la comparecencia requerida por la Cámara. Será la ley quien regule las sanciones que de deban imponer ante el incumplimiento de ello.
En la sesión de hoy, estaban llamados a comparecer tanto el ex gerente de Crespo Gomar SL, Alberto Gomar, como la que fuera empleada de dicha empresa en 2007, Lucía Pascual. Ambos para responder a la cuestiones relacionadas con la presunta financiación del PSPV-PSOE y Compromis durante la campaña para las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2007.
Fuente: La Razón