El PPCV pasó ayer de la declaración de intenciones a los hechos. Si el martes cuando comenzaron las detenciones de la «Operación Taula» comparecía la coordinadora general, Eva Ortiz, para anunciar la expulsión cautelar del partido de detenidos e investigados, ayer la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, presentó las primeras medidas para evitar que vuelvan a producirse hechos «bochornosos y repugnantes».

Las más llamativa es la dirigida a los condenados que aprovecharon su condición de populares para cometer delitos de corrupción. El PP interpondrá un demanda contra ellos para reclamarles una indemnización por daños y perjuicios. Las cantidades que se recauden se destinarán a fines sociales.

El PP prepara ya la demanda contra el ex conseller, Rafael Blasco, condenado por sentencia firme y que se encuentra en prisión. Bonig explicó que existe un plazo máximo de un año para ejercer esta reclamación, por lo que no parece que sea viable realizar más reclamaciones pasadas.

Bonig insistió en que están «hartos» de tener que asumir este tipo de conductas y volvió a defender que en el PP no cabe aquel que piense que «ha llegado a política a ser servidos», porque son más los que trabajan «para servir», y con la convicción de que la política es la mejor herramienta para cambiar las cosas.

La segunda medida presentada ayer va encaminada a evitar que vuelvan a vivirse situaciones a las vividas no sólo estos últimos días, sino los últimos años.

El PPCV acometerá una reforma en el Comité de Derechos y Garantías para que sea un organismo que también recoja las denuncias que puedan llegar relacionadas con prácticas corruptas. Hasta ahora, únicamente tiene capacidad sancionadora. Es decir, que actúa cuando el problema está ya creado y, por regla general, siguiendo los pasos de la Justicia.

El objetivo ahora es que sea un órgano de control, de inspección, tal y como ocurre en muchas empresas y en la Administración. Bonig dijo que es partidaria de que este nuevo comité esté formado por personas que no ocupen cargos orgánicos en el partido para dotarle de mayor independencia.

El PPCV pondrá en marcha esta iniciativa a la mayor brevedad posible y propondrá en el próximo Congreso de los populares- que debe convocarse cuando se aclare al situación política nacional- que se aplique en toda España.

«El proceso de regeneración no tiene vuelta atrás. Se lo debemos al partido, a los militantes y a los cargos políticos». Bonig volvió a pedir perdón por los errores cometidos y se comprometió a que el PP estará a la altura de los valencianos.

Respetar los tiempos

La presidenta del PPCV no quiso adelantarse a los acontecimientos. Insistió en que el caso Imelsa está bajo secreto de sumario y no se pronunció sobre las informaciones que apuntan que hubo financiación ilegal del partido. Sobre las que señalan la ex alcaldesa Rita Barberá y el diputado Gerardo Camps aseguró que «son inocentes hasta que se demuestre lo contrario», aunque se comprometió a que, llegado el caso, no habrá excepciones y se les pedirá el acta.

La renovación del PP de Valencia

El PPCV esperará a que el todavía presidente del PP de Valencia, Alfonso Novo, declare ante el juez para decidir sobre su futuro. De momento, está suspendido cautelarmente de militancia. Si sale con cargos, deberá abandonar su acta como concejal y dejará la presidencia del partido. Según se desarrollen los acontecimientos se seguirá uno u otro camino, lo que Bonig tiene claro es que el partido «se debe activar»

Source: Comunitat Valenciana