Los populares no quieren dar por cerrado el asunto de la ex secretaria autonómica de Servicios Sociales, Sandra Casas. Mientras esperan que se tramite la solicitud de comparecencia de la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, advierten de que vigilarán el estricto cumplimiento de la ley de incompatibilidades, aprobada el pasado mes de octubre.
La norma dicta que durante los tres años siguientes a la fecha de cese, los miembros del Consell y las personas que ejerzan el cargo de la secretería autonómica, no podrán prestar servicios que «pudieran provocar un conflicto de intereses con la función ejercida». Es decir, habría que estudiar qué trabajo podría desarrollar Casas dentro de su despacho de abogados.
Aunque la vicepresidenta insistió la semana pasada en que Casas hacía tiempo que había avisado de su intención de dimitir por motivos personales, lo cierto es que este anuncio coincidió con la denuncia de los populares de que podría estar infringiendo la ley.
Desde su despacho de abogados, la ex secretaria autonómica se dedicaba a reclamar al Consell asuntos relacionados con la dependencia, por lo que el PP quiere saber si su bufete siguió realizando esta tarea mientras ella estaba al frente del Departamento que tenía que resolver los expedientes.
La portavoz de Justicia en el grupo parlamentario popular en Les Corts, María José San- Segundo, aseguró que durante los últimos días se ha producido «un silencio elocuente, que es opacidad por falta de respuestas y claridad respecto a preguntas muy concretas».
Insistió en que Oltra se ha olvidado de las exigencias de «ética, estética», transparencia y responsabilidades políticas que aplica a los demás, «incluso a sus socios de Gobierno». Recordó que se trata de un asunto donde las posibles irregularidades, conflictos de intereses, utilización de influencias y confusión de los ámbitos público y privado no han sido en modo alguno esclarecidas.
Source: Comunitat Valenciana