«Aún no está clara la vía que se tomará para exhumar a Franco», aseguran desde el Gobierno. Una de las posibilidades que se contemplan es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez apruebe un real decreto ley que necesita ser revalidado por la Cámara Baja y refrendado por el Jefe del Estado, por lo que Sánchez pondría al Monarca en la tesitura de firmar la controvertida iniciativa, ya que según establece la Constitución en su artículo 62, le corresponde al Rey «expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes».
Esta vía reforzaría al presidente del Gobierno, ya que la medida de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos contaría inicialmente con el apoyo seguro del Congreso: en mayo del año pasado, la Cámara Baja apoyó una proposición no de ley tanto en lo referente a la exhumación de Franco como la reubicación de José Antonio Primo de Rivera en un espacio menos destacado de la Basílica. Hubo 198 votos a favor y 140 abstenciones, pero ningún partido se mostró abiertamente en contra. Un año después, siendo ya Sánchez presidente del Gobierno, el real decreto obligaría por tanto a que los partidos se retraten: en aquella ocasión Ciudadanos votó a favor y el PP se abstuvo. Asimismo, esta fórmula posiblemente obligaría a retrasar el proceso hasta la vuelta del verano, en septiembre, a no ser que se llevara a cabo antes de que finalice el mes de julio. «En principio no sería necesario convocar un Pleno extraordinario», dicen fuentes de Moncloa.
El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, aseguró ayer, en la misma línea que el pasado lunes tras la reunión de la Ejecutiva, que la familia de Franco «no es el problema», y se volvió a reafirmar en esta consideración en una entrevista concedida a RNE: «Hay que cumplir unos trámites legales y eso conlleva su tiempo», explicó. Y afirmó que no cree que se pueda realizar durante el mes de julio.
A pesar de que el Ejecutivo ignore la oposición de la familia a sacar el cuerpo, ésta no permanecerá callada, sino que emprenderá acciones legales contra el Gobierno, lo que la Fundación Franco dejó claro ayer mediante la publicación de un comunicado: «La aprobación de un decreto ley supondría la quiebra del Estado de Derecho», ya que alegan que el procedimiento incumple el artículo 86 de la Carta Magna. «No se puede exhumar nunca un cuerpo sin permiso de la familia y no lo tienen». Además, la comunidad benedictina del Valle de los Caídos se encarga del culto en la abadía y funciona de forma autonomía, no depende del Arzobispado de Madrid. Paralelamente, si bien Sánchez dijera que esta iniciativa sirve para cerrar heridas, la población sigue actuando dividida en dos: por un lado, la sede del PSOE de Madrid fue «decorada» ayer con pintadas con el lema de «El Valle no se toca», y este sábado hay concentraciones en El Escorial respaldadas, entre otras formaciones, por la Asociación de Presos y Represaliados de la Dictadura Franquista.
Fuente: La Razón