En ocasiones, la política tiene giros inesperados. Hace exactamente una semana, Macron celebraba el gran éxito de la selección de fútbol con la copa mundialista en los jardines del Elíseo, en medio de una comunicación estudiada para sacarle el máximo rédito político al éxito deportivo francés. Pero quién iba a decir que pocos días más tarde le iba a estallar el escándalo que lo tiene acorralado y que, por primera vez en el quinquenio, ha logrado unir a toda la oposición en bloque en su contra. Las imágenes de su responsable de seguridad, Alexandre Benalla, golpeando violentamente a unos manifestantes el 1 de mayo haciéndose pasar por policía han generado una tormenta política de consecuencias incalculables, entre otras cosas porque el silencio del presidente se va haciendo más y más ruidoso.
El Elíseo reaccionó el viernes, una vez que la Prensa desvelara el escándalo, despidiendo a Benalla. Pero la hemorragia no ha parado durante el fin de semana. Sobre todo porque nadie de la Presidencia sale a responder la gran cuestión: ¿Por qué cuando el Elíseo tuvo conocimiento de los hechos se decidió zanjar el asunto con una simple sanción administrativa de dos semanas sin sueldo? No se entiende por qué Macron, que fue informado pronto del incidente, decidió aparentemente proteger a uno de sus íntimos a costa de la ejemplaridad que impone a su equipo. Un escándalo de Estado que incluso ha paralizado la vida parlamentaria y el trascendente debate sobre la reforma constitucional que iba a comenzar estos días ha quedado pospuesto. La indignación popular es elevada.
Sobre todo tras las últimas revelaciones de la Prensa, que ha demostrado que Benalla no solo no fue apartado de sus funciones, sino que incluso siguió disfrutando de una posición privilegiada. «Le Monde», el diario que destapó el escándalo, reveló además que, desde comienzos de mes Benalla disfrutaba de una vivienda adjudicada por el Elíseo en la elegante Quai Branly, la misma en la que François Mitterrand alojó discretamente a su hija secreta.
A la investigación policial abierta para depurar responsabilidades, hay que añadir otra parlamentaria. Ayer, el ministro del Interior, Gerard Collomb, compareció ante una comisión de la Asamblea Nacional para explicar, con varias evasivas a preguntas de los diputados, que correspondía al Elíseo y a la prefectura policial tomar las decisiones correspondientes. El titular de Interior y «número dos» del Gobierno aseguró que conoció a Benalla durante su tiempo en servicio. Sin embargo, no sabía en detalle sobre su trabajo como responsable de la seguridad de Macron. Collomb explicó que le habían mostrado las imágenes del vídeo de Benalla agrediendo mientras lucía insignias policiales al día siguiente de producirse los hechos. Él planteó el problema en Presidencia y sus servicios le informaron que Benalla sería castigado. Pero las explicaciones de Collomb han dado aún más fuerza al mensaje de la oposición en bloque: todos los dedos apuntan a Macron y es el mismo presidente el que debe dar la cara. En esto están de acuerdo desde la extrema izquierda hasta la ultraderecha pasando por socialistas, conservadores o ecologistas.
Dada la gravedad que está adquiriendo el caso, el propio Macron reunió a sus más estrechos colaboradores en la noche del domingo, entre ellos a su primer ministro, Édouard Philippe, para estudiar las «disfuncionalidades» que se han producido en la gestión del caso y la estrategia que ponga fin a lo que algunos ya llaman el «Watergate francés», comparativa hecha por el izquierdista Jean Luc Mélenchon. «El silencio del jefe de Estado está transformando el ‘caso Benalla’ en el ‘caso Macron’», sentenció, por su parte, la ultraderechista Marine Le Pen.
Y en mitad de la tormenta al Elíseo no le ha quedado otra que mover hilos. Según filtran algunos de sus colaboradores a la Prensa, Macron estaría preparando una intervención para cortar la hemorragia tras seis días de silencio. En esta espera, se multiplican las imágenes que muestran lo incuestionable: la estrecha relación entre Benalla y Macron. Las televisiones no paran de rescatar vídeos del joven vigilando siempre a su jefe tanto en actos oficiales como en momentos privados.
Mientras, la investigación judicial avanza en paralelo. Un juez de instrucción confirmaba el domingo la imputación por «violencia en reunión» e «injerencia en el ejercicio de una función pública» de Benalla, tal como había solicitado la Fiscalía. También fueron imputados los otros cuatro implicados de en este caso. Entre ellos, Vincent Crase, un empleado del partido de Macron que también golpeó a manifestantes el Día del Trabajo, y tres funcionarios de seguridad que fueron arrestados el viernes por copiar y enviar a Benalla las imágenes de videovigilancia que lo implicaban después de que la Prensa revelara su identidad.
Fuente: La Razón