La Sala Penal del Tribunal Supremo ha lanzado un mensaje claro a los independentistas catalanes al afirmar de forma tajante que no existe un derecho “a participar en un proceso de votación cuya ilegalidad viene proclamada por quien es intérprete y garante de los derechos fundamentales”, es decir, por el Tribunal Constitucional, tal como sucedió con la consulta ilegal que llevó a cabo la Generalitat cuando la presidía Artur Mas y que será también de enjuiciamiento en lo que afecta al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Además, escudarse en la supuesta intencionalidad de no lesionar los derechos de participación política de los ciudadanos constituye «una muy débil excusa». Así lo afirma el Supremo en la sentencia que rebaja la condena de dos años a un año y un mes de inhabilitación al ex presidente Artur Mas y baja igualmente las penas que impuso el TSJ catalán a las ex conselleras Joana Ortega e Irene Rigau.

Fuente: La Razón