El Supremo confirma las penas de hasta tres años de cárcel a tres militares por amañar contratos

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal Militar Central del pasado mes de octubre en la que se condenaba a dos tenientes coroneles y un teniente a penas de entre seis meses y tres años de prisión por amañar contratos de la Inspección General de Sanidad (IGESAN) para cobrar comisiones. Además, confirma también la pena de tres meses de cárcel para el empresario que se beneficiaba de los contratos. Así se desprende de la sentencia, de la que ha sido ponente el juez Javier Juliani, en la que el Alto Tribunal rechaza los recursos presentados por los uniformados y considera probados que los cuatro acusados, entre 2008 y 2013, llevaron a cabo un “plan” que consistía en “otorgar contratos que debieran haberse realizado por sistema de publicidad y concurrencia múltiple, directamente a empresas propiedad del empresario Ubaldo L.”.

Según explica, “unas veces se realizaba un fraccionamiento del objeto del contrato” para eludir los requisitos legales y en otras se “aplicó procedimiento negociado sin publicidad con concurrencia limitada” a empresas de Ubaldo L.. Todo, “con el fin de que se pudiera atribuir el contrato a alguna de las empresas” del civil.

Uno de los oficiales, el teniente coronel Francisco N., era el Jefe de la Unidad Integrada de la Jefatura de Administración Económica de la IGESAN, encargándose de los expedientes de contratación. Otro de ellos, el teniente Miguel Ángel G., participaba en la preparación de los contratos y los pliegos de condiciones técnicas, mientras que el teniente coronel Agustín G. inspeccionaba la actividad contractual y contable. Tanto el Tribunal Militar como el Supremo ven probado que, a cambio de los contratos (la mayoría de ellos por labores de limpieza), el empresario entregó a los militares, hasta en seis ocasiones, un total de 176.816 euros como comisiones por más de una veintena de contratos.

Por ello, mantiene las condenas que el Tribunal Militar impuso a los tres uniformados como autores de un delito continuado contra el patrimonio en el ámbito militar. Así, confirma la sentencia al teniente coronel Francisco N. de tres años de prisión; al teniente Miguel Ángel G., de dos años, y al teniente coronel Agustín G., de cinco meses, al aceptar parcialmente su recurso. Mientras, mantiene los tres meses de prisión para el empresario por un delito de cohecho. Un punto éste último que ha implicado el voto particular de uno de los magistrados, Jacobo Barja de Quiroga, quien considera probado, al contrario que el resto, que la emisión de una factura falsa de 15.000 euros por la limpieza del garaje del Hospital Gómez Ulla por parte del empresario está acreditada.

Fuente: La Razón

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *