El Supremo no tomará medidas pese a la burla de los presos

Los cuatro diputados electos que están en prisión provisional por su responsabilidad en el «procés» y en la consulta ilegal del 1-O en Cataluña convirtieron ayer su paso por el Congreso en un acto de propaganda electoral y de ataque a las instituciones españolas. Oriol Junqueras, de ERC, y Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sánchez, de JxCat, acudieron a la Cámara Baja a acreditarse como parlamentarios apenas 24 horas antes de que en la mañana de hoy eche a andar la XIII Legislatura. Lo hicieron desde la cárcel de Soto del Real entre importantes medidas de seguridad y delimitados en sus movimientos y actuaciones por lo que había decidido el Tribunal Supremo la semana pasada. No podían mantener reuniones con sus compañeros de grupo parlamentario y lo cumplieron. Y no podían hacer declaraciones a la Prensa. Tampoco se saltaron esta prohibición aunque utilizaron las redes sociales para burlarla.

Los cuatro diputados grabaron sendos vídeos en el interior de la sala en la que cumplimentaron toda la documentación necesaria y las declaraciones de bienes, actividades e intereses económicos. En sus mensajes, todos ellos aprovecharon para pedir el voto para sus formaciones de cara a las elecciones municipales y europeas del domingo y para denunciar su condición de presos. «Lo que hace falta es ganar el domingo y llevar al país a la libertad», destacó Junqueras. Sánchez prometió trabajar para que «algún día en Cataluña votar no sea delito» y para «ganar la democracia plena». Rull lamentó la situación «absolutamente surrealista» de no poder celebrar una reunión con los demás parlamentarios de JxCat y de tener que circular por el Congreso «permanentemente vigilados», lo que, a su juicio, es una «coacción» de sus «derechos y libertades». Turull, por su parte, exigió que no les «impidan» ejercer de diputados «a los que nos han puesto en la cárcel por poner urnas» en el referéndum unilateral del 1-O.

Acto seguido, Junqueras difundió el vídeo a través de su perfil en Twitter mientras que Rull, Turull y Sánchez –cuyas imágenes fueran tomadas por la portavoz de su grupo, Laura Borrás– lo publicaron en la cuenta de Junts per Catalunya.

Estos vídeos causaron un importante malestar en el Supremo. Es cierto que los diputados electos no tenían expresamente prohibido realizar en la mañana de ayer estas grabaciones pero sí tenían vetada la posibilidad de hacer declaraciones. En este contexto, los vídeos fueron percibidos en el alto tribunal como un desafío. Desde el TS advierten, no obstante, que estos actos no tendrán consecuencias sobre el permiso concedido a los cuatro diputados –también al senador electo Raül Romeva– para la sesión constitutiva del Parlamento, que se celebra hoy a partir de las 10 horas.

Fuentes jurídicas consultadas destacan que los vídeos de los diputados electos sí podrían tener consecuencias de cara a la petición, por parte de los presos, de nuevos permisos en el caso de que se celebren sesiones plenarias en el Congreso antes de una eventual suspensión de sus funciones. Que hayan tratado de burlar, a través de las redes sociales, la prohibición de no hacer declaraciones podría, por tanto, convertirse en un argumento que juegue en su contra en el futuro. En todo caso, desde el Supremo no se prevé que fueran a concederse nuevos permisos.

Al margen de esta polémica, la atención en la Cámara Baja estará puesta a partir de hoy en la decisión que pueda adoptarse en torno al futuro de Junqueras, Rull, Turull, Sánchez y Romeva como parlamentarios. El Supremo dejó en manos de las mesas del Congreso y del Senado la decisión de suspender de sus funciones a todos ellos. Será la primera gran decisión que tenga que asumir la nueva Mesa del Congreso, presidida desde esta mañana por la diputada socialista Meritxell Batet. La presidenta de la Cámara Baja previsiblemente solicite a los letrados del Congreso un informe jurídico y asuma sus recomendaciones.

Dentro de este debate, el presidente nacional del PP, Pablo Casado, anunció ayer que el Grupo Parlamentario Popular pedirá que los diputados independentistas que están en prisión preventiva sean «inmediatamente suspendidos» como parlamentarios en base al artículo 21 del Reglamento del Congreso y al 384 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Casado, ante sus senadores y diputados, alertó de que la principal amenaza de esta legislatura es la de «ruptura de la unidad nacional e igualdad de españoles» y calificó como «ofensivo» y como «un espectáculo de provocación» el acto de acreditación de unos políticos que están procesados «por haber dado un golpe a la legalidad».

Ciudadanos, a través de su líder, Albert Rivera, avanzó que su partido ya tiene preparado un texto para pedir, en cuanto sea oficial el arranque de la legislatura, la suspensión de estos cuatro diputados catalanes: «Aquí se sientan los que defienden la soberanía nacional, no los que han intentado liquidar España», destacó. Y añadió: «Sería una vergüenza que estas personas cobraran un sueldo de todos los españoles». La diputada de Vox Macarena Olona también anunció que su grupo presentará iniciativas parlamentarias para evitar «la ignominia» de que unos «criminales» se incorporen al Parlamento ante la inacción de los partidos políticos.

Fuente: La Razón

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