El vuelco de las andaluzas da alas a los contrarios a Pedro Sánchez

Las del próximo 28 de abril serán las quintas elecciones generales que se celebran en España desde 2008. Cinco citas para elegir la composición del Parlamento en 12 años. Adiós a las legislaturas de cuatro años: la cadencia instalada en esta década larga indica que los mandatos quedan limitados, de media, a dos años y cinco meses. Cuando el fin del bipartidismo se convirtió en una realidad irrebatible, el consenso entre politólogos y expertos en demoscopia ya apuntaba a este escenario: que el PP y el PSOE cediesen parte de su electorado a Ciudadanos y a Podemos supondría más pluralidad pero también más inestabilidad.

«Catalanización electoral»

Sin rodillos ni mayorías absolutas –la última la logró Rajoy en 2011 y, ahora, sólo ocho años después es inimaginable que se reedite–, se imponen los pactos pero también el riesgo de convocatoria de elecciones anticipadas. Un efecto que se bautizó como la «italianización» de la política española: «Es un efecto directo porque el aumento de las distintas combinaciones para formar gobierno provoca que haya más intereses en juego, que además van cambiando a medida que transcurre la legislatura. Esto puede propiciar una situación de inestabilidad como la actual, y una prueba de ello es que el independentismo catalán apoye a Pedro Sánchez para llegar a la presidencia pero no le permita aprobar los Presupuestos pocos meses después», señala Eduardo González Vega, consultor en el Centro Internacional de Gestión y Marketing Político de la Universidad Camilo José Cela. Y es que, paradójicamente, ni Ciudadanos ni Podemos, los partidos encuadrados en lo que se conoce como «nueva política», han tenido nada que ver en la decisión de Sánchez de poner las urnas en abril. Han sido en esta ocasión los partidos secesionistas catalanes los responsables con su bloqueo a la tramitación de las cuentas. Una circunstancia que supera ese efecto de «italianización» de la política para encontrarnos ante un efecto contagio de lo que sucede en Cataluña. Si, como es previsible, al juicio del «procés» le siguen unas elecciones autonómicas catalanas, los ciudadanos de aquella comunidad habrán sido llamados a votar, entre comicios al Parlament y a las Cortes, un total de 10 veces en 12 años: generales en 2008, 2011, 2015, 2016 y 2019, y regionales en 2010, 2012, 2015, 2017, y 2019.

Dos bloques movilizados

Esta multiplicación de las elecciones generales tiene un doble efecto según los expertos. En la cara negativa, la falta de estabilidad, lo que redunda en una mayor dificultad para gestionar y en una menor confianza externa. El pro fundamental pasa por que se potencia la «cultura de pactos y de consensos». Con la fecha ya fijada, la cuestión fundamental radica en saber a quién beneficia más unos comicios tan inminentes: «Si se celebran elecciones en abril será porque el PSOE tiene muy claro que le beneficia. Es decir, porque tienen investigaciones que se lo indican y una estrategia que consideran ganadora. Personalmente creo que ahora beneficia al bloque de centro-derecha, porque es quien ha creado el marco de las elecciones inmediatas y ahora con la convocatoria de abril les permitirá llevar la iniciativa. En otoño sería diferente», asegura González Vega, que precisa, sin embargo, que «ambos bloques –PSOE y Podemos de un lado y PP, Cs y Vox, del otro– están movilizados», ya que, a su juicio, «los políticos están contribuyendo a que exista crispación y polaridad con su comportamiento y su comunicación, por lo que considero igualado el combate en este sentido».

Bajo la resaca andaluza

Al contrario de lo que estaba previsto, las elecciones generales serán las primeras que se celebren tras los comicios autonómicos andaluces que llevaron al Gobierno de esta comunidad al PP y a Cs con el apoyo de Vox. Un extremo que demostró hasta qué punto la derecha se encuentra más movilizada en el momento actual. Y es precisamente entre esa derecha al ataque en la que se dará la gran batalla del 28-A: «Al PP le ha salido un durísimo competidor a su derecha con postulados mucho más claros y sin rémoras del pasado. Creo que el partido que aparentemente salió más reforzado por alcanzar la Junta de Andalucía es luego el que puede sufrir ese blanqueamiento de Vox. Porque en campaña electoral, por qué les van a decir a sus electores que no voten a Vox si son socios y ya se han hecho una foto de Gobierno con ellos», reconoce la politóloga Verónica Fumanal. Dentro de esta particular pugna entre las derechas, el politólogo Luis Orriols cree que de las elecciones andaluzas todos sacaron rédito pero que no todos podrán seguir creciendo electoralmente: «El PP aún no siendo la primera fuerza consiguió el Gobierno y esto es un éxito que puede rentabilizar a medio plazo. A Cs le permitió entrar en las instituciones y demostrar que es un partido de gobierno. Y Vox dominó con maestría la iniciativa política. Vox ha sido eficaz en utilizar su papel necesario para hacerse visible. Saber cuál de los tres será más capaz de rentabilizar este activo, lo veremos, porque es obvio que si alguno ganas más será a costa de otro porque hay electorados compartidos».

La incógnita morada

La mayoría de las encuestas han dibujado en las últimas semanas un Parlamento con el PSOE como primera fuerza política y con una representación parlamentaria en el entorno de los 100 diputados. También coinciden la mayoría de los estudios y sondeos en otorgar al bloque conformado por los partidos de Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal un apoyo popular que, trasladado a la Cámara Baja, les situaría muy cerca de la mayoría absoluta. En este contexto, la clave podría estar en el comportamiento del electorado que en las generales del año 2016 apoyó a Podemos. El partido de Pablo Iglesias y sus confluencias suman actualmente 67 diputados y Compromís otros cuatro. Las encuestas apuntan a un fuerte retroceso de la marca morada. De esta forma, las posibilidades para que pueda darse un Gobierno de coalición entre socialistas y Podemos sólo se dará si la formación de Iglesias es capaz de repetir los resultados de 2016.

Fuente: La Razón

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