Uno de los principales retos a los que nos enfrentamos los políticos es la solución de problemas, lo que exige mucho trabajo y capacidad. Esa tarea, sin embargo, se multiplica cuando la herencia recibida es catastrófica. Deseamos que en cuestión de cinco meses se pueda producir un relevo al frente de las instituciones valencianas pero sabemos que la gestión de los actuales gobiernos del “cambio” van a dejar un escenario muy complicado a quien tome el relevo.
Sucedió con el comienzo de la crisis económica —que el PSOE negó hasta última hora— y que el PP tuvo que solucionar con un coste de imagen terrible y merced a un esfuerzo titánico de los españoles.
La Comunidad Valenciana ha sufrido una involución en todos los indicadores desde que socialistas, independentistas y extrema izquierda llegaron al gobierno autonómico y a muchas entidades locales. Ese legado envenenado hay que superarlo, probablemente, con el PP ejerciendo el liderazgo como partido responsable y con sentido de Estado.
Hay problemas que se mantienen o empeoran como es el caso del sufrimiento de la población con la crisis económica. Casa Caridad de Valencia alertaba esta semana de que el número de personas que atenderán durante esta Navidad es muy similar al del inicio de la dura caída de 2008. Han bastado cuatro años de gobierno del tripartito para que la recuperación económica se ralentice.
Por desgracia han creado otros contratiempos. El desafío independentista catalán ha afectado de lleno a la Comunidad Valenciana y el Gobierno autonómico de Ximo Puig ha sido tibio, cuando no comprensivo, con las tesis de quienes quieren romper la unidad de España. Ni siquiera cuando ha subido de intensidad el tenor de las protestas en la calle en Cataluña ha sido capaz Puig ni sus socios de legislatura de ponerse claramente al lado de la legalidad.
Los valencianos se han visto afectados por los cortes de carretera, entre otras cuestiones, sin que el Ejecutivo valenciano haya mandado un mensaje contundente condenando esas prácticas y amparando a los empresarios valencianos que han visto limitado el tránsito de mercancías. Ni la libre circulación de las personas, que ha sido interrumpida, ni el peligro que para el turismo supone la actuación totalitaria de los denominados CDR es suficiente para que Puig se ponga del lado del orden constitucional.
Sigue defendiendo dialogar con quienes no quieren dialogar, hablar con quienes vulneran la Constitución e ignoran la legalidad vigente desafiando a los tribunales. Es más ha regado millonariamente a asociaciones que trabajan por el independentismo catalán en una maniobra inaceptable desde un punto de vista democrático.
Otros conflictos han rebrotado por el sectarismo empleado por el PSOE como es la denominada guerra del agua. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha amagado con la supresión de facto del trasvase Tajo-Segura y eso pone en riesgo el abastecimiento necesario para que la viabilidad de la agricultura en tierras alicantinas esté garantizada.
La falta de sensibilidad es muy característica del socialismo que nos gobierna y el PP siempre va a estar al lado de la solidaridad. Los trasvases son, de hecho, una de esas infraestructuras que ejemplifican la generosidad entre los habitantes de un país. Por ello, no vamos a permitir que se prescinda de aportes hídricos mediante trasvases de cuencas excedentarias a deficitarias porque es una cuestión de justicia social.
Otras cuestiones clave para la Comunidad Valenciana como es la falta de financiación se han enterrado. Años de manifestaciones y críticas al Gobierno cuando el presidente era Mariano Rajoy han dado paso a un silencio cómplice cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Es inadmisible que el modelo de Zapatero que tan dañino es para los valencianos se extienda en el tiempo.
El PP ya tenía el calendario de negociaciones para revisar ese modelo y mejorarlo sustancialmente pero esta cuestión se ha quedado en el limbo para vergüenza de PSPV, Compromís y Podemos que tendrán muy difícil justificar su cambio de parecer ante la ciudadanía en la campaña electoral.
La polarización social que también ha sido impulsada por el tripartito empieza a percibirse entre los valencianos, ya que la imposición lingüística pretendida en el ámbito de la educación y como requisito para el acceso a la función pública reabre heridas del pasado que creíamos superadas. El PP considera el valenciano un elemento de riqueza cultural y no de división como lo utiliza la izquierda y por eso buscaremos la concordia y la coexistencia en pie de igualdad con nuestra otra lengua cooficial como es la española.
La demonización de lo privado no ha escapado a esta máquina de crear problemas que son los gobiernos del cambio y se ha entrado en una espiral revisionista de todos los convenios de la iniciativa privada con el ámbito público, ya sea en la Sanidad con concesiones hospitalarias o en cualquier otro ámbito.
Da igual si funciona o no lo importante para la izquierda es abominar de la iniciativa personal y el emprendedurismo: se trata de intervenir todas las esferas de la vida social. Y eso no podemos consentirlo porque hemos visto el resultado de esas políticas en los últimos siglos que ha sido nefasta para la igualdad y aniquiladora para los ciudadanos que piensan por sí mismos alejados del adoctrinamiento.
Fuente;: La Razón