Gobierno y Generalitat acuerdan reunir la comisión bilateral antes de agosto

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha dicho hoy que ha constatado con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que los ejecutivos de Cataluña y España defienden «proyectos políticos alejados» pero ha valorado la «voluntad de interlocución y acercamiento».

En rueda de prensa en la sede del Govern de la Generalitat en Madrid y tras reunirse en La Moncloa con Calvo y posteriormente en el Ministerio con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Aragonès ha señalado que «los conflictos políticos tienen soluciones políticas» y ha advertido del peligro «de dejarlos en manos del poder judicial».

También ha insistido, como hizo el presidente Quim Torra hace tres días en su reunión con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que la autodeterminación sigue siendo el asunto central para la Generalitat.

De su encuentro con la vicepresidenta ha destacado que parten de «posiciones diferenciadas» y de «proyectos políticos alejados» respecto al derecho de autodeterminación, pero han coincidido que «hay voluntad de establecer un diálogo para solucionar los problemas políticos que, ha insistido «se tienen que solucionar políticamente».

Ha precisado que si esas cuestiones se dejan en manos «de otros estamentos, no se resuelven,» como ha ocurrido con el poder judicial con todo lo referentes al referéndum de independencia en Cataluña.

No obstante, ha salido de la reunión, con un 90% y un 10% de optimismo respecto a sus resultados, por la posibilidad de llegar a acuerdos una vez restaurado el diálogo.

Ha valorado la próxima constitución de la Comisión bilateral Estado-Generalitat, que, ha recordado lleva siete años sin reunirse, y que lo hará a finales de este mes o principios de agosto.

Para Aragonès, tienen muchos asuntos que tratar como «incumplimientos del Estado» y otros relacionados con competencias, transferencias, inversiones o los recursos que interpuso el anterior Gobierno por leyes catalanas.

Ha anunciado que estará presidida por la ministra de Política Territorial, Maritxell Batet, y por el conseller de Exteriores y Transparencia, Ernest Maragall, para la parte catalana, que «ya están trabajando en el orden del día» de ese encuentro.

Con la ministra de Hacienda, ha tratado sobre cuestiones pendientes en las que «no se había podido avanzar» en los últimos años, como los próximos objetivos fiscales y la «necesidad» de modificar el déficit al alza para el próximo año para contar con mayores recursos y poder elaborar un presupuestos más expansivos.

El vicepresidente catalán también ha aludido a la mejora de la financiación de los mossos, con los que el Estado tiene «una deuda pendiente muy importante», de 700 millones.

Se ha referido a la liquidación de la disposición adicional tercera, así como a otras deudas pendientes como los cambios por la ley de dependencia o las previsiones del Estatuto.

Estas cuestiones serán tratadas en la comisión mixta de asuntos económicos y fiscales.

El también consejero de Economía ha dicho que otras cuestiones de las que la ministra «ha tomado nota» han sido sobre la gestión de la deuda o los préstamos con entidades financieras.

En cuanto a si iba a acudir a partir de ahora a órganos multilaterales y especialmente al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), ha dicho respecto de este último que «está en estudio», aunque apuestan por la relación bilateral.

Sobre las otras conferencias sectoriales, ha manifestado que «no es nuestra prioridad, ni lo contemplamos».

Respecto a la posibilidad de retirar algunos de los 16 recursos del Constitucional, Aragonès ha indicado que se tratará en la Comisión bilateral y que Calvo «ha tomado nota» de sus peticiones, especialmente de las concernientes a leyes tributarias, ya que varias de ellas se «entrecruzan» con algunas de las propuestas fiscales socialistas.

En cuanto al control reforzado de las cuentas de la Generalitat por recibir fondos del FLA por parte del Ministerio de Hacienda, el vicepresidente ha señalado que le había dicho a Montero que se trata de «medidas regresivas».

Han hablado sobre «la capacidad del Estado» para hacer ese control y la cuestión se abordará en la comisión mixta, si bien ha reconocido que hoy «no hay compromiso de levantar este control».

Fuente: La Razón

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