Venezuela amaneció intranquila en sus fronteras. En las poblaciones limítrofes con Colombia, como San Antonio y especialmente Ureña, las calles despertaron con escombros, huellas de las protestas del sábado y mucho miedo. En algunos puntos, barricadas de la Guardia Nacional preparadas por si se repetía la lucha del día anterior que dejó al menos 295 heridos. También, desde muy temprano, grupos paramilitares chavistas se organizaron para mantener el «orden» apelando al miedo. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró la actuación de estos grupos en nueve estados del país el sábado y ayer volvieron a ser vistos en Ureña. El ministro de Información, Jorge Rodríguez, dijo que no eran oficialistas, sino un «falso positivo»: «Ya hemos capturado a dos de esas personas y vienen sorpresas con respecto a quiénes eran esos encapuchados».
Pasado el mediodía, se reactivaron los enfretamientos en los puentes fronterizos. Las imágenes recogidas por algunas cámaras mostraban choques de grupos con piedras con funcionarios de cuerpos de seguridad de Estado. Entretanto, la situación se recrudecía en la frontera sur, limítrofe con Brasil. En Santa Elena de Uairén se mantuvo la represión, en un territorio donde hasta la mañana de ayer se registraban tres personas muertas desde el viernes y medio centenar de heridos por armas de fuego. El alcalde, el opositor Emilio González, huyó a suelo brasileño denunciando amenazas y desde Paracaima denunció que la violencia chavista había dejado al menos 20 muertos del lado venezolano, cifra que la Prensa y ONG no han podido verificar.
En cualquier caso, el debate nacional ayer ya no era sobre si la ayuda humanitaria podía entrar o no por la frontera, sino las palabras de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido presidente interino por más de 50 países, que afirmó que «todas las cartas» están sobre la mesa, una vez vista la violencia desatada el sábado. «Seguimos recibiendo el respaldo de la comunidad internacional, que ha podido ver, con sus propios ojos, cómo el régimen usurpador viola el protocolo de Ginebra, que dice claramente que destruir la ayuda humanitaria es un crimen de lesa humanidad».
Fuente: La Razón
