La semana pasada se confirmó lo que todos esperaban: que la Comisión Europea no está dispuesta a aceptar el borrador de presupuestos que le acaba de remitir el gobierno italiano. Y no está dispuesta entre otras cuestiones porque el resto de miembros de la UE no piensa aceptar que un solo país se salte, y de qué manera, las reglas del Pacto de Estabilidad. El más gráfico al respecto fue el canciller austriaco, Sebastian Kurz (recordemos que su país ostenta en este momento la presidencia de turno de la UE), quien dijo el jueves pasado: “No me genera ninguna simpatía el proyecto de Presupuestos que Italia ha enviado a Bruselas. Y, por supuesto, nosotros no vamos a pagar por las deudas y las promesas de las campañas populistas de otros”.
Esas promesas, en realidad, se reducen a una fundamental que está en el centro de toda la controversia: la renta de ciudadanía, un subsidio de 780 euros para parados sin recursos y que el Movimiento Cinco Estrellas prometió en las elecciones del pasado 4 de marzo, lo que le valió no sólo vencer en los comicios generales, sino incluso sacar casi quince puntos de ventaja a la segunda formación más votada (el Partido Democratico). El problema de todo ello es que el gobierno italiano tuvo que cambiar el objetivo de déficit planteado por el anterior gobierno, pasándolo del 0.8% al 2.4%. Lo que suponía que Italia pretendía aumentar el gasto público en cerca de 30.000 millones de euros, sin tener además una previsión de ingresos adicionales. La reacción de las autoridades comunitarias fue inmediata e igual la de los mercados, que han llevado la prima de riesgo este viernes a los 340 puntos porcentuales, una cifra no vista desde el año 2013 y que le deja ya a solo 200 de la que tenía cuando Berlusconi tuvo que dimitir y dejar su lugar al economista Mario Monti (noviembre de 2011).
Y es que resulta tan imperiosa la necesidad de que esa “renta de ciudadanía” se ponga en marcha ya que el líder de Cinco Estrellas, el VicePrimer Ministro Luigi Di Maio, ha tenido que tragar con la exigencia de la Liga de poner en marcha una amnistía fiscal que beneficiaría a millones de italianos que han cometido fraude fiscal. En otras palabras, aceptar una auténtica corruptela por parte de un partido que había hecho de la honestidad su bandera principal. Lo peor, en ese sentido, es que ni siquiera son capaces de llegar a un acuerdo ambas formaciones sobre la amplitud de esa amnistía fiscal, y, mientras, la Comisión Europea se dispone a hacer lo que hasta ahora nunca había hecho: mandar de vuelta a Roma el borrador de presupuestos para que los rehagan por completo. Son las consecuencias, en definitiva, de haber concurrido a unas elecciones con lo que el Primer Ministro Matteo Renzi llamó, muy acertadamente, “promesas irrealizables”. Veremos qué sucede, pero o el gobierno italiano cambia su posición (algo a lo que no parece dispuesto, como anunció este lunes, pese a su descomunal deuda nacional, cifrada en el 131.8% de su PIB), o vamos camino de una nueva intervención, la segunda en menos de una década.
Fuente: La Razón