El alcalde de Valencia, Joan Ribó, volvió a defender ayer que corrupción no es igual que prevaricación y que Vicent Llorens, director gerente del Consorcio Valencia 2007, entidad de la que el Gobierno local ostenta el 33 por ciento de la representación, no ha cometido ningún delito por el que deba responder con su cargo. En todo caso será la Justicia la que se pronuncie al respecto.
«Somos muy estrictos con los temas de corrupción, pero algunos de estos (asuntos) son fruto del desarrollo del trabajo (…) Hay unas líneas muy claras en cuanto a corrupción y otras que está claro que no están relacionadas».
El actual director del Consorcio Valencia 2007 está siendo investigado en la misma causa que la alcaldesa de Gandia, Diana Morant (PSPV), que esta misma semana declaró en el Juzgado de Instrucción número 3 de esta localidad como supuesta autora de los delitos de prevaricación, revelación de secretos, falsedad y coacciones, por los que está procesada a raíz de una querella del Partido Popular.
Esta es la segunda ocasión en la que Ribó distingue entre delitos a la hora de valorar la implicación de sus colaboradores. El pasado mes de diciembre, el alcalde aseguraba que Ayuntamiento de Valencia defenderá, «por supuesto», al concejal de Comercio, Carlos Galiana (también de Compromís), investigado por un delito de prevaricación por unas supuestas irregularidades en el traspaso de puestos del Mercado Central. Según Ribó, el edil merece el apoyo del Consistorio, ya que está siendo investigado «por una cosa que no tiene nada que ver con ningún caso de corrupción», sino que es una cuestión administrativa.
Tanto con Galiana como con Llorens, Ribó cree que se trata de «querellas catalanas», es decir, aquellas que, lejos de querer que se castigue a un delincuente, pretenden mediante la denuncia de un delito ficticio someter al denunciado a los inconvenientes del proceso penal.
En otro orden de cosas, Ribó anunció ayer que el Ayuntamiento de Valencia abrirá el próximo mes de febrero el debate sobre la modificación legislativa para poder cobrar el IBI a entidades e instituciones de cualquier confesión religiosa de los inmuebles con los que hacen «negocio» y que no se dediquen a culto ni a la atención social.
Source: Comunitat Valenciana
