El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez ha calificado de «ilegal» el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, pero al mismo tiempo ha defendido que organizar una consulta así «no merece reproche penal», y de hecho ha subrayado que ni la Fiscalía ni ninguna autoridad judicial les prohibieron hacer campaña.

«Organizar un referéndum ilegal no merece reproche penal. La ciudadanía asumió de manera muy mayoritaria su voluntad de votar. Creemos que todo el mundo tenía el derecho a participar como en una manifestación», ha justificado Sànchez durante su declaración en el juicio por el proceso independentista en Cataluña, que ha durado más de cinco horas.

El acusado ha comenzado a responder preguntas sobre el 1-O después del receso del juicio para comer. Por la mañana el interrogatorio ha estado más centrado en el 20-S, y ya por la tarde se le ha cuestionado sobre las movilizaciones durante el día del referéndum.

Por la mañana, manifestó en primer lugar su voluntad de “defenderme en igualdad de armas con mi lengua materna”, el catalán y lamentó que “el Supremo ha perdido una oportunidad para hacer pedagogía de lo que es un Estado pluricultural”. A continuación ha dejado claro que se consideraba “un preso político” y que se encontraba en “un juicio político”. “Todos los hechos son absolutamente falsos” ha asegurado poco antes de manifestar su voluntad de contestar a todas la preguntas del Ministerio Fiscal, personificado en Javier Zaragoza.

“La movilización social era nuestra razón de ser” ha confesado Sánchez al tiempo que el interrogatorio se centrara sobre los gravísimos sucesos que rodearon, el 20 de septiembre de 2017 el registro de la sede de la Consellería de Economía. Aquel día los detenidos no pudieron asistir al registro; 60.000 personas se congregaron por iniciativa de ANC; se destrozaron 7 coches de las fuerzas de seguridad; los últimos guardias civiles salieron a las 7 de la mañana de la consellería y los secretarios judiciales tuvieron que salir por la azotea del inmueble. Estos son los hechos en los que se basa la Fiscalía para pedir 17 años de prisión y 17 de inhabilitación por su responsabilidad al frente de la ANC.

Sin embargo para Sánchez el registro de la Consellería fue “un ataque a Cataluña”, aunque la decisión judicial hay que acatarla, “es lícito en democracia protestar”. El líder de la ANC reconoció que “[el consejero de Interior] Forn me llamó a las 12 para que les ayudáramos en materia de seguridad y yo le dije que íbamos a colaborar en todo lo que fue necesario”. En una conversación posterior con el Mayor de los Mossos D’Esquadra, Josep Lluis Trapero, según Sánchez, se le pidió que se realizara un pasillo para permitir el acceso a la Consejería. Un miembro de la Guardia Civil le informó de que en los coches que el instituto armando tenía apostados frente a la Consejería había “armas largas” sin vigilancia, en lo que fue “el momento de mayor intensidad emocional en todas las manifestaciones en las que he estado”.

Preguntado sobre la destrucción de los coches de la Guardia Civil, Sánchez reconoció que “hubo una serie de vehículos que fueron dañados pero no es proporcionado que una acción de unos individuos (pocos) sea utilizado para criminalizar una manifestación cívica y pacífica”.

Ya por la tarde, a la pregunta del fiscal Javier Zaragoza acerca de si sabía que la ley del referéndum y el decreto de convocatoria habían sido suspendidos por el Tribunal Constitucional, el acusado ha respondido que no tuvo «conciencia» de que la Fiscalía o las autoridades judiciales «prohibieran a la ciudadanía participar».

Fuente: La Razón