Todas las asociaciones de jueces y fiscales de España, a excepción de las progresistas Jueces para la Democracia (JpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF), se han adherido este viernes al comunicado en defensa del instructor de la causa del ‘procés’ en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena.

Este comunicado, elaborado inicialmente por la asociación mayoritaria –Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que pertenece el juez Llarena– ha sido firmado también por las asociaciones de jueces Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente y por las de fiscales Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

El informe elaborado por la Abogacía del Estado sobre la forma de actuar ante la demanda civil en Bélgica contra Llarena, defiende que concurren los requisitos para que España se persone en dicho procedimiento sin los reparos añadidos por el Ministerio de Justicia, que condiciona dicha personación a los términos en los que resulte admitida la demanda.

El Ministerio de Dolores Delgado anunció este jueves que los Servicios Jurídicos del Estado defenderían la soberanía de la jurisdicción de los tribunales españoles ante la justicia belga pero que «en ningún caso» ello debía entenderse como una defensa personal del magistrado del alto tribunal por «actos privados que se le atribuyen» en la demanda, que ha sido promovida por el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros.

Los investigados por el ‘procés’ piden que se condene a Llarena a indemnizarles con un euro de forma simbólica por su imparcialidad y utilizan como argumento unas manifestaciones que el magistrado del Tribunal Supremo español realizó tras asistir a una conferencia en Oviedo el pasado mes de febrero. En dicho acto señaló que en la causa por el ‘procés’ independentista en Cataluña «no hay presos políticos».

La afirmación de que el Gobierno actuará «en la medida proporcional y adecuada» para proteger la inmunidad jurisdiccional del Reino de España, se entiende desde diversos ámbitos jurídicos -entre los que figuran los compañeros de Llarena en la Asociación Profesional de la Magistratura (APM)- desde «el desconocimiento absoluto de los trámites procesales o peor aún, desde el propósito de no hacer nada», según ha manifestado la asociación mayoritaria de jueces en un comunicado.

Como el ordenamiento belga exige que antes de la vista que resuelva sobre la admisión o inadmisión de la demanda se aleguen los argumentos por las diferentes partes, si este trámite no se realiza en el momento adecuado España no podrá oponerse a la demanda, advierten.

Fuente: La Razón