Jueces y fiscales convocan una huelga general para el día 19 contra la política del Ministerio de Justicia

El Ministerio de Justicia trata de evitar contrareloj la primera huelga de jueces y fiscales convocada para el próximo día 19 contra la política retributiva del Gobierno prevista para el próximo año, el mismo motivo que les llevó a realizar un paro contra el Ejecutivo anterior. Para ello, el Departamento que dirige Dolores Delgado ha convocado a representantes de las siete asociaciones judiciales y fiscal para mantener una reunión el próximo miércoles, aunque en el correo electrónico enviado a las asociaciones -que ha sido el medio elegido para la convocatoria- no consta ninguna propuesta de acuerdo sobre las revindicaciones. De hecho, a esa reunión no está siquiera la presencia de la ministra de Justicia, sino que será presidida por el secretario de Estado, Jesús Dolt, quien estará acompañado del Secretario General de Administración de Justicia, la Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia y de su Director de Gabinete.

Esta convocatoria ha sido acogida con escepticismo por jueces y fiscales, ya que en la misma no existe una propuesta clara y concreta sobre las revindicaciones salariales. De hecho, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales han respondido ya a esta convocatoria recordando que, al igual que sucediera en la época anterior del Ministerio presidido por el ministro del PP Rafael Catalá, entienden que sin una propuesta clara y concreta por parte del Ministerio de Justicia, no deben asistir a la reunión. «Es premisa lógica, que, para negociar un asunto, una de las partes debe ofrecer algo a lo que está dispuesta a cumplir», afirman al respecto.

En este sentido, las siete asociaciones judiciales y fiscales hicieron público hoy un comunicado en el que señalan que tras diversas reuniones, una vez expirados los plazos dados por ambas partes para tener respuestas concretas, todo continúa igual. «La Justicia sigue denostada.

En el proyecto de presupuestos para 2019, nada hace indicar que las partidas para Justicia y salarios de jueces y fiscales aumenten»: y, junto a ello, critican que la constitución de la Mesa de Retribuciones «se ha intentado subvertir en un organismo burocrático vacío de contenido, con una clara finalidad obstructiva y nada práctica cuando, precisamente, debería ser lo contrario».

Por ese motivo, y dada la postura del Ministerio de Justicia, han decidido retomar la senda de las protestas y medidas de presión, «con el exclusivo fin de conseguir que la Justicia alcance el papel que se merece en un auténtico Estado de Derecho», que tendrá como primera fecha el próximo día 19, con una jornada de huelga general de jueces y fiscales», pero, a la vez, avisan que esas medidas de presión continuarán «si llegado el día no existen respuestas adecuadas».

Elección directa de vocales del CGPJ Por otro lado, en el comunicado remitido al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, donde se anuncia la convocatoria de esa jornada de huelga, los jueces y fiscales esgrimen que, además del tema retributivo, sus exigencias pasan por la adopción de medidas para “reforzar la independencia judicial”. Entre otras medidas, reclaman la presentación de un proyecto/proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que se refiere al CGPJ, para que «recupere el régimen competencial, de organización, funcionamiento y dedicación y garantice la elección de los vocales judiciales por los jueces y magistrados, asegurando la igualdad de género y la representatividad»; así como una mayor objetivación del sistema de nombramiento de altos cargos judiciales, con arreglo a perfiles previamente definidos, de acuerdo con un proceso transparente y en decisión debidamente motivada y adoptada por una mayoría cualificada y la supresión de los magistrados designados por los Parlamentos autonómicos.

Junto a ello, reclaman una «implantación urgente» de unas cargas máximas de trabajo, con la participación de las asociaciones judiciales y fiscales en la fijación de las mismas, así como «la adopción de medidas preventivas frente a los riesgos psicosociales».

Fuente: La Razón

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