La Abogacía del Estado acusará a los líderes del proceso soberanista catalán de un delito de sedición en vez de rebelión, al entender que no se dieron los episodios de violencia suficientes, y de otro de malversación.
La decisión de Abogacía del Estado, que representa los intereses del Estado y que orgánicamente depende del Ministerio de Justicia, supone que en el juicio que previsiblemente se celebre en enero defenderá que no se produjo un alzamiento violento para declarar la independencia de una parte del territorio nacional.
La Abogacía del Estado se personó más tarde en la causa por el asunto de la malversación sobre el que ha pivotado toda su actuación y las diligencias solicitadas, y no tenía de hecho por qué pronunciase sobre la rebelión o la sedición.
A lo largo de la instrucción, siempre respaldó el criterio de la Fiscalía en relación a la violencia y el delito de rebelión, hasta el punto de que cuando pidió al Supremo que cerrase la investigación, solicitó que se juzgara a los procesados por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia.
Por tanto, su decisión de acusar de sedición supone un cambio en la estrategia que ha mantenido en la causa hasta la fecha.
La Abogacía, dependiente del Ministerio de Justicia, se posiciona así en contra del criterio de la Fiscalía que solicitará penas que oscilarán previsiblemente entre más de 130 y casi 150 años de prisión para los 18 procesados en la causa que se sigue en el Tribunal Supremo por la Declaración Unilateral de Independencia, el «asalto» a la Consejería de Economía el 27 se septiembre de 2016 y la culminación del desafío soberanista catalán con el referéndum ilegal del 1 de octubre del pasado año; peticiones que se contemplarán en el escrito de conclusiones provisionales que presentará mañana el Ministerio Público, el mismo día que cumplirán un año en la cárcel Oriol Junqueras y Joaquim Forn.
En esa calificación, el Ministerio Público acusará a los nueve procesados que se encuentran en prisión provisional del delito de rebelión que, en el caso del ex vicepresidente de la Generalitat estará agravado al considerarle «dirigente» de todo el proceso independentista.
Fuente: La Razón
