Hacía años que no veíamos a los representantes de las organizaciones agrarias verter cítricos en la calle en señal de protesta por el insignificante precio que acaba cobrando el productor. No se recuerda la última vez que Intercitrus, las organizaciones agrarias y operadores comerciales del país, se rearmaba para pedir medidas drásticas e inmediatas que acaben con la crisis de precios del sector.

En el último mes, estas han sido dos de las múltiples escenas que se han producido en la agricultura valenciana, muestra del estado de miedo y tensión de un sector que sabe que sigue siendo el hermano pequeño de los demás. La reforma de la Política Agraria Común y cómo afectará el «brexit» a la misma, no forma parte de la agenda política española; la entrada de productos de terceros países sin control, es un asunto constante en las reclamaciones de los productores, pero sigue sin haber una solución.

Da la sensación de que los políticos siempre tienen otros problemas más importantes que los agrarios, y el sector necesita soluciones.

Hace un par de semanas las organizaciones agrarias valencianas se reunieron con la directora general de Producciones y Mercados Agrarios, Esperanza Orellana, a quien reclamaron una ayuda excepcional y con carácter temporal para todos los productores de cítricos a los que se les quede la cosecha en el árbol sin recoger, en términos muy parecidos a las concedidas por el veto ruso a las exportaciones europeas.

Desde La Unió de Llauradors consideraron positiva la retirada de cítricos para industria propuesta por el Ministerio, pero aseguraron que es totalmente insuficiente y no llegará de forma directa a los agricultores.

Lo saben porque otras veces ha pasado lo mismo, porque tienen asumido que en caso de que vinieran mal dadas y hubiera que realizar recortes en 2019, ellos serían los primeros.

Fuente;: La Razón