La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) sigue empeñada en que la anunciada disolución de ETA no acarree la impunidad de los crímenes de la banda terrorista todavía no resueltos. Su presidenta, Maite Araluce, ha presentado un dossier que actualiza los datos al respecto de los que dispone la asociación, que en los últimos siete años ha escudriñado en los archivos de la AVT y en los sumarios de terrorismo de la Audiencia Nacional para ofrecer a las víctimas, en palabras de Araluce, «el derecho a la justicia». Según ese informe, elaborado por la abogada de la asociación, Carmen Ladrón de Guevara, son 307 los asesinatos de ETA cometidos en 234 atentados en los que no se ha condenado a un autor material como responsable del mismo, lo que supone un 36% de las 853 víctimas mortales del sangriento historial terrorista de la banda criminal.
«A esas víctimas -se queja la presidenta de la AVT- se les ha privado del derecho a la Justicia. A ETA esos asesinatos le han salido totalmente gratis y ese porcentaje de impunidad sería incluso mayor si tuviésemos en cuenta los indultos de la amnistía de 1977». Ella sabe de lo que habla. Su padre, José María Araluce, entonces presidente de la Diputación de Guipúzcoa, fue asesinado por ETA en 1976 junto a su conductor y a tres escoltas. «El 55% de los etarras amnistiados entonces volvieron a la actividad criminal», recuerda con amargura que aboga por ofrecer a estas víctimas «el derecho a la verdad, ya que se les negó el derecho a la justicia».
Por comunidades autónomas, el País Vasco encabeza la lista de asesinatos cometidos por ETA sin autor material condenado (252), seguido de Madrid (19), Navarra (16) y Cataluña (6). En total, 378 asesinatos sobre un total de 1.175.
La AVT no ha incluido a los amnistiados del 77, pero sí aquellos supuestos en los que, pese a contar con una sentencia firme, ésta es absolutoria o dictada contra cómplices o inductores, y no contra los autores materiales de las muertes.
Aunque a lo largo de su historia la Audiencia Nacional ha enjuiciado a miembros de 40 grupos terroristas, el estudio de la AVT, «La respuesta de la Justicia a las víctimas del terrorismo», sólo se centra en los tres principales: además de ETA, el Grapo y el yihadismo. En este último caso son 34 los asesinatos sin resolver, el 15% del total de 284, de los que 228 fueron asesinados en España (se incluyen por ahora las víctimas del atentado del 17-A en Barcelona y Cambrils, un caso que todavía no se ha juzgado y en el que ninguno de los procesados lo ha sido como autor material, aunque la AVT ha recurrido esa decisión). Respecto a los Grapo, son 37 los asesinatos sin autor material conocido (35% de sus 94 víctimas mortales), cometidos en 33 atentados. Madrid (15) y Cataluña (11) encabezan en este caso la relación.
La labor es ingente, y se trabaja a menudo bajo la amenaza de la prescripción, pero el trabajo de la AVT y de la Fiscalía de la Audiencia Nacional -que cuenta con un fiscal, Marcelo Azcárraga, encargado de investigar estos asesinatos sin autor conocido- ha conseguido que desde diciembre de 2011 se hayan resuelto 14 casos correspondientes a once atentados.
«Era muy importante unificar las cifras y obtener un censo de víctimas», asegura Ladrón de Guevara horas después de que se haya hecho público un «zutabe» (boletín interno de ETA) en el que la banda cifra en 758 los asesinatos cometidos, casi un centenar menos de lo que contabiliza la AVT. «Son víctimas de lo que ellos denominan «daños colaterales», de ahí la trascendencia de documentar todos los asesinatos».
La letrada admite que «no tenemos muchas esperanzas» de que la documentación remitida por Francia -fruto de las operaciones terroristas llevadas a cabo en suelo francés- contribuya a reducir la lista de casos sin resolver. «La mayor parte de la documentación relevante -explica- ya estaba en los sumarios de la Audiencia Nacional como parte de las comisiones rogatorias cursadas a Francia. Sí nos sirve para consolidar acusaciones a miembros de ETA. Pero la Guardia Civil nos dice que tengamos paciencia porque el análisis de toda esa información a llevar años».
Fuente: La Razón
