La Casa Blanca torpedea las pesquisas del Congreso

Cada día está más clara la táctica de la Casa Blanca para taponar el «impeachment». Negarle cualquier valor, acusar a los demócratas de parcialidad, invocar la legitimidad de Donald Trump, presentado como víctima del pantano de Washington, del «establishment» que se resiste a entregar la cuchara y, de paso, dificultar todo lo posible las pesquisas de los comités. Ayer mismo cuatro altos cargos del Gobierno, tres de ellos ligados al Departamento de Estado, se negaron a declarar ante el Congreso.

Por más que estuvieran citados, con la amenaza de acciones legales sobre sus cabezas, esgrimieron privilegios legales. Hablaron de indefensión. Pusieron letra a la partitura esbozada hace dos semanas por el departamento que dirige Mike Pompeo, cuando avisó por carta de que sus subordinados no acudirían ante los respectivos comités.

El asesor de la Casa Blanca, Rob Blair; el abogado del Consejo de Seguridad Nacional, John Eisenberg; su ayudante, Michael Ellis; y el funcionario Perry Brian, adjunto a la Oficina de Presupuestos, no serán los últimos citados que se niegan a acudir. De hecho, está previsto que el secretario de Energía, Rick Perry, tampoco acuda mañana a su cita en el Capitolio. Y habrá que ver qué sucederá con la esperadísima intervención el viernes de John Bolton, el todopoderoso consejero de Seguridad Nacional despedido por Trump hace dos meses.

Los demócratas, conscientes del peligro letal que entraña con vistas a 2020 un «impeachment» largo, aspiran a seguir adelante con la investigación. No quieren más retrasos. No parecen dispuestos a enzarzarse en una batalla legal de gran complejidad y resultados inciertos. Cualquier cosa que no sea cerrar la votación del «impeachment» en el Congreso antes de Navidades, cualquier cierre que no sea la fotografía para la historia en la inminencia de las vacaciones, contaminará de forma irreparable las posibilidades de los candidatos demócratas. A fin de cuentas, el proceso político está abocado a morir en el Senado. Allí donde los republicanos tienen mayoría y donde, previsiblemente, votarán en contra. Más vale dejar para los anales una acusación potente, pero simbólica, que enfangarse en una guerra a cara o cruz mientras el electorado se agrupa en dos bandos irreconciliables. Lo saben bien los asesores más políticos del presidente, como Kellyanne Conway, que este mismo fin de semana negaba ante la Prensa la sombra del «qui pro quo» con Ucrania, la sospecha de que EE UU exigiera al Gobierno ucraniano pistas contra el hijo del ex vicepresidente Joe Biden a cambio de ayuda militar.

Al mismo tiempo, Conway confesó que desconoce si efectivamente la ayuda fue congelada. El propio Trump ha insistido en los últimos días en que no sabe quién puede ser el confidente de los servicios secretos que alertó de su conversación con el presidente ucraniano y, casi en la misma frase, añade que se trata de un radical, un hombre ligado a la oposición y un traidor a la patria cuya identidad tendría que revelarse. Cuenta, eso sí, con la evidencia de que las encuestas demuestran el hartazgo del país, la poca fe en el «impeachment» del electorado, cuando su franco rechazo.

Para acelerar los procedimientos, o para cambiar los vientos en contra, en aras de la transparencia pero también de conseguir algo más de apoyo a sus actividades, los comités entregaron ayer los interrogatorios a la ex embajadora en Ucrania Marie Yovanovich y el ex asesor del Departamento de Estado Michael McKinley. Este último no dudó en describir la incomodidad que se respira en algunos departamentos clave del Gobierno, con los funcionarios contra la espada y pared de situarse entre dos lealtades y el temor a unas tácticas que definió como acoso.

Fuente: La Razón

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