La Diputación anuncia un «cierre ordenado» de Divalterra

El equipo de gobierno de la Diputación de Valencia acordó ayer el cierre «ordenado» de la empresa pública Divalterra, la antigua Imelsa, «respetando los derechos» de sus más de 700 trabajadores y «con todas las garantías jurídicas».

Así lo anunció la presidenta en funciones de la corporación provincial, Maria Josep Amigó, tras la reunión del equipo de gobierno en la que se convocó para hoy la Junta de portavoces en la que se pondrá fecha a los plenos para sustituir a Jorge Rodríguez en la presidencia.

Aunque el anuncio del cierre de Divalterra se produce tras la investigación judicial abierta por posible prevaricación y malversación en la contratación de altos cargos en esa empresa pública, Amigó destacó que formaba parte de la «hoja de ruta» asumida en 2015 de ir vaciándola de competencias y no es algo que planteen ahora «de nuevas».

Amigó, de Compromís, transmitió un «mensaje de tranquilidad» a los trabajadores de Divalterra, ya que según aseguró sus derechos «nunca serán vulnerados» y están «por encima de cualquier cosa».

La presidenta del Comité de empresa de Divalterra, Ruth López, manifestó que los trabajadores «no tienen que pagar los errores de los políticos» y exigió el mantenimiento de toda la plantilla actual, unos 700 empleados, la mayoría de ellos, brigadistas forestales.

Por su parte, la portavoz del PP en la Diputación de Valencia, Mari Carmen Contelles, calificó de «temeridad absoluta» plantear en este momento el cierre de Divalterra, en plena campaña de incendios y en máxima alerta por altas temperaturas, y «sembrar la incertidumbre entre sus empleados».

La portavoz de Ciudadanos, Mamen Peris, calificó de «improvisación» la decisión. «Demuestra que el PSPV y Compromís no tienen proyecto provincial, ya que actúan dando bandazos contradictorios y sin sentido». Y añadió que «mientras nadie cuestionó sus decisiones en materia de personal, la empresa servía; ahora que hay un procedimiento judicial abierto, se cierra».

CSIF anuncia acciones legales por el cierre

El sindicato CSIF anunció ayer movilizaciones contra el cierre de la empresa, así como acciones legales para defender los puestos de trabajo de los 700 empleados, y destacó «la incompetencia, negligencia y presuntas actuaciones delictivas por parte de algunos».

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