El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, escoltado por la plana mayor del tripartito gobernante en la institución, anunció ayer que era intención de la Corporación personarse como acusación particular en la causa Imelsa que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 18 de los de Valencia.
Rodríguez se mostró cauto y dijo que habría que esperar a que se levantara el secreto del sumario para intentar personarse, siempre a expensas de que el juez lo permita. El presidente explicó que la sociedad estaba cansada de oír que se había robado tanto o cuanto dinero y que era intención del gobierno provincial tratar de recuperar todo los fondos que se pueden haber malversado, y que la vicepresidenta cuarta y también denunciante, Rosa Pérez, no se atrevió ni siquiera a cuantificar.
Rodríguez restó importancia a la declaración como investigados ante la Guardia Civil de dos de sus vicepresidentes, concretamente Emili Altur (Compromís), y Rosa Pérez (EU), y dos asesores, y dijo que ya habían demostrado contundencia, pero que el problema no era la contratación de asesores -sobre la que les preguntaron a los investigados- sino la «enorme trama de corrupción».
En este sentido, Rosa Pérez comunicó que se había ratificado como acusación popular y que esa era su situación procesal.
Además, la Diputación hará una «auditoría ciudadana» y una Comisión de investigación que presidirá el diputado de València en Comú, Berto Jaramillo.
Tanto el PP como Ciudadanos se sumaron a la iniciativa de la Comisión de investigación pero sin embargo no fueron invitados a la conferencia de prensa donde se presentó ésta. Por lo que concluida la misma, los dos portavoces de estas formaciones, Maricarmen Contelles (PP) y Enrique Aguar (C’S) aprovecharon la convocatoria para explicar su postura. Ambos coincidieron en que se debía investigar todo, también el papel de los dos vicepresidentes y dos asesores que fueron citados a declarar por la Guardia Civil.
Source: Comunitat Valenciana