
Poco a poco, con mucho esfuerzo y casi a trompicones, las instituciones de la UE reaccionan al órdago que países como Polonia, Hungría o Rumanía plantean desde hace tiempo a Bruselas en materia judicial y de derechos y libertades. Ayer la Eurocámara aprobó por 397 votos a favor, 158 en contra y 69 abstenciones un proyecto legislativo que pretende congelar los pagos comunitarios a los países miembros que no respeten la separación de poderes o que permitan delitos como la evasión de capitales o el fraude y la corrupción. Entre los que votaron en contra, tres de los eurodiputados de Podemos -Xabier Benito, Miguel Urbán y Tania González-. Entre las abstenciones, las de los eurodiputados de IU Javier Couso, Paloma López Bermejo y Ángela Vallina, además de Lola Sánchez (Podemos) y Lidia Senra (AgE).
Según la eurodiputada socialista Eider Gardiazábal, ponente del informe, “la idea es contar con un mecanismo viable que pueda sancionar a aquellos Estados miembros que se saltan no solo el Estado de derecho, sino todos los valores de la Unión. Pertenecer a un grupo de Estados con los valores de la UE tiene que ser algo a lo largo del tiempo. Es muy difícil entrar en la UE -e incluso es muy difícil salir de la UE-; tienes que cumplir una serie de requisitos, pero una vez dentro parece que nadie controla que esos requisitos se cumplan. Ahora mismo existe una serie de mecanismos para ello, pero son muy difíciles de movilizar y la Comisión pensó que através del presupuesto se podían establecer un sistema”, declara a LA RAZÓN.
“El nuevo sistema consistiría en que la Comisión, basándose en el informe de un panel de expertos que hemos puesto en marcha, en decisiones del Tribunal de Cuentas y del Tribunal de Justicia puede dictaminar que hay una violación del derecho europeo y de los derechos y valores de la UE. Entonces propondrá una serie de sanciones a través de presupuestos, una propuesta que solo podrá ser modificada o rechazada por una mayoría del Parlamento europeo y por una mayoría cualificada del Consejo. Por tanto, rechazar esa propuesta será complicado y esto da seguridad de que la Comisión pasará un informe razonado”, añade Gardiazábal.
Fuente: La Razón