La Fundación Franco pide suspender la exhumación tras el cambio de titular del panteón de El Pardo

La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) acaba de presentar un escrito al Tribunal Supremo en el que pide que suspenda los acuerdos del Gobierno para la exhumación del dictador el próximo 10 de junio y su inhumación en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio (Madrid), tras el cambio de titularidad, de Patrimonio Nacional al Estado, del panteón en el que se prevé enterrarlo.

La entidad critica que el Gobierno haya cambiado la titularidad del panteón antes de que el Alto Tribunal se haya pronunciado sobre los recursos a la exhumación y sobre la pertinencia de adoptar medidas cautelares “instada por esta Fundación”, y sostiene que existe una clara voluntad del Ejecutivo de “influir” en el Supremo.

Expone que tal disposición se produce en contra de la voluntad de la familia y denuncia que lo haya hecho un Gobierno en funciones y que se publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un sábado “sin oposición ni publicidad”. “Con sigilosa opacidad y patente afán subrepticio”, dice la nota de la FNFF.

El organismo que preside el general Juan Chicharro considera que el real decreto por el que la titularidad del panteón pasa de Patrimonio Nacional a la Administración General del Estado es “una burla y una afrenta” al Supremo y reclama que se respete el derecho a la “tutela judicial efectiva”, “contraviniendo el auto” del Alto Tribunal del pasado 17 de diciembre.

El Estado es propietario desde el pasado sábado de la cripta del cementerio municipal de El Pardo donde el Gobierno prevé enterrar a Franco después de la publicación del decreto que desvincula la concesión de su titular previo, Patrimonio Nacional.

El organismo que preside el general Juan Chicharro considera que el real decreto por el que la titularidad del panteón pasa de Patrimonio Nacional a la Administración General del Estado es “una burla y una afrenta” al Supremo y reclama que se respete el derecho a la “tutela judicial efectiva”, “contraviniendo el auto” del Alto Tribunal del pasado 17 de diciembre.

Fuente: La Razón

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