La Generalitat esgrime la «Ley Mordaza» para amenazar con multas de hasta 30.000 € a quienes quiten lazos amarillos

La Generalitat no ha movido ni un sólo dedo cuando los independentistas han llenado de cruces amarillas o esteladas algunas de las playas públicas más concurridas, y mucho menos identificar a sus autores, lo que hubiese sido realmente sencillo. Sin embargo, retirar o el mero hecho de intentarlo sí merece la actuación de los Mossos dÉsquadra, hasta el punto de que el Ejecutivo de Quim Torra ha abierto un expediente a 14 ciudadanos que pretendían la retirada de lazos amarillos de una playa, basándose en la «denostada» por los partidos nacionalistas catalanes Ley de Seguridad Ciudadana o «Ley Mordaza». El Departamento de Interior, que dirige Miquel Buch, anunció que se ha iniciado acciones contra esas personas por «presunta infracción grave» de la mencionada Ley, que, según esa consejería, sanciona este tipo de actuaciones con multas que van de 601 a 30.000 euros. La Policía catalana les ha identificado como «posibles autores de daños al dominio público», después de que la madrugada del viernes localizara en tres vehículos mapas y herramientas de corte para arrancar lazos amarillos y esteladas de las calles, así como piezas de ropa para taparse la cara y frontales de luz.

Esta actuación de los Mossos d´Esquadra fue duramente criticada por Ciudadanos. Su presidente, Albert Rivera, acusó al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, de utilizar a los Mossos d’Esquadra como «Policía política» y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de equivocarse de aliados. «Torra usa a los mossos como Policía política: ordena que protejan la simbología separatista ilegal en el espacio

público y persigan a quienes la retiran, el mundo al revés. El pacto de Sánchez con los supremacistas debilita aún más al Estado en Cataluña, se equivoca de aliados», señalaba el líder de Ciudadanos en su cuenta de Twitter.

“Espacios públicos colonizados ideológicamente”

El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona Pablo Nuevo también considera algo más que un exceso la actuación de la Generalitat y de los Mosso d´Esquadra por estos hechos. En primer lugar, destacó que tanto el Ejecutivo catalán como los ayuntamientos a los que pertenecen las playas donde se han colocado simbolos independentistas incumplen de forma «grave» su obligación de garantizar la «neutralidad de los espacios públicos, que son de todos y no pueden estar “colonizado ideológicamente” y dejar de ser lugares públicos para pasar a ser “privados”».

Junto a ello, destacó que no se puede pemitir que «grupos privados» como la Asociación Nacional Catalana (ANC), Ominum Cultural o los llamados Comités de Defensa de la República se apropien de esos espacios públicos y, en cambio, a los ciudadanos que cumplen la Ley pretender sancionarles. «Si no hay un derecho a poner esos símbolos, no se puede sancionar el quitarlos», incidió al respecto Pablo Nuevo.

Fuente: La Razón

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