La Guardia Civil cifra en 17 millones el dinero gastado por la Generalitat de Cataluña, presidida en aquel momento por Carles Puigdemont, para desplegar la Administración Tributaria de lo que pretendían que fuera la futura República catalana. Además, habían realizado un cálculo de 500 millones para el despliegue completo y una estrategia para gestionar las pensiones y prestaciones sociales que ahora hace la Tesorería General de la Seguridad Social, según la documentación incautada al exsecretario de Hacienda Josep Lluis Salvadó, uno de los hombres de Oriol Junqueras.
Así consta en uno de los últimos informes, al que ha tenido acceso Europa Press, entregados por el Instituto armado en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la constitución de estructuras de Estado en Cataluña y la implicación en el referéndum ilegal del 1 de octubre de los segundos de a bordo de la Generalitat.
Según el citado documento, los investigadores consideran que esos 17 millones se distribuyen de la siguiente forma: 200.000 euros para el desarrollo del Código Tributario; 7,8 millones en el despliegue de la Junta de Tributos, el Consejo Fiscal y el Instituto de Investigación Fiscal; 4,5 millones para el despliegue territorial de la administración tributaria y 4,92 millones en la implementación del sistema e-Spriu, al menos en las seis fases iniciales.
En resumen, dice el informe de Guardia Civil, «se infiere que se han invertido alrededor de 17 millones de euros en el despliegue de la administración tributaria como paso intermedio para alcanzar la plena soberanía fiscal del futuro estado catalán».
Todos estos datos se deducen del análisis del documento contenido en un pendrive que fue incautado al Secretario de Estado de Hacienda, Josep Lluís Salvadó. Se trata de un documento de trabajo realizado desde el Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, dirigido por Oriol Junqueras, que está siendo juzgado desde hace dos semanas en el Tribunal Supremo, entre otros delitos, por el de malversación de fondos públicos.
El citado texto contenía las medidas de coordinación, supervisión y seguimiento de las actividades y medidas dirigidas a la creación del Estado catalán y que afectaban básicamente al ámbito tributario.
La Guardia Civil admite que, aunque algunas de las medidas se «integran en la vía autonómica», suponen un «paso intermedio» para ir implementando muchas otras con el objetivo último de «crear el Estado catalán y garantizar la viabilidad económica».
Para lograr este objetivo, en el documento de vicepresidencia de la Generalitat se van cuantificando los recursos económicos, humanos y materiales necesarios para su implementación y la normativa por la cual se regularían.
Las medida que se plantean están relacionadas con el desarrollo de la estructura jurídica del Código tributario de Cataluña, la estructura organizativa de la administración tributaria, la implementación del sistema de gestión e-Spriu, las bases de datos fiscales, los convenios tributarios internacionales, el desarrollo de competencias tributarias y la recaudación de contribuciones para financiar la protección social.
Estaba previsto que el citado marco jurídico de la pretendida futura República lo estableciera la ley 17/2017 de uno de agosto, del Código Tributario, que debía contener cuatro leyes, según la agenda Moleskine intervenida a otro de los hombres de confianza de Junqueras, Josep María Jové Lladó. Dos de ellas debían agotar la vía autonómica y las otras dos ya quedarían fuera de ella, es decir, ya serían leyes de desconexión.
Por ello, Carlos Viver, el que se considera como uno de los artífices de la arquitectura jurídica de la futura República, explicó que sería un reto aprobar esta ley ya que era claramente inconstitucional.
Sin embargo, según explica la Guardia Civil, la Ley 17/2017 de 1 de agosto se ciñó al marco autonómico pues no contenía la regulación de las aduanas del futuro Estado, ni la Agencia de Propiedad Inmobiliaria, ni tampoco la oficina catalana de Fiscalidad Internacional, que eran los órganos que sabían que podían ser declarados inconstitucionales. No obstante, los investigadores dejan claro que la Generalitat estaba trabajando en el desarrollo de estos organismos.
Fuente: La Razón
